PLAYA DEL CARMEN, MX.- Elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE) dieron cumplimiento a una segunda orden de aprehensión contra la ex presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, por el delito de cohecho en agravio de un empresario, a quien le esquilmó ocho millones de pesos, con lo cual se agrava su situación jurídica. La orden se hizo efectiva en el Centro de Retención Municipal (CRM), donde está recluida desde el pasado 7 de diciembre.
En cumplimiento al artículo 105 del Código de Procedimientos Penales, vigente en la entidad, los elementos de la PJE se trasladaron hasta el CRM a las 21:50 horas, donde le hicieron efectiva una segunda orden de aprehensión a la ex Edil de Tulum, quien cabizbaja escuchó el resolutivo que emitió el secretario de acuerdos en función de juez, José Enrique de Borja Chi Carril, sustentada en la causa penal 365/2012, en agravio de J.C.C.C., quien le entregó de manos 1.5 millones de pesos y días más tarde le hizo llegar 6.5 millones, haciendo ocho millones de pesos bajo el compromiso de autorizar una subdivisión de lotes comerciales para un proyecto inmobiliario que al final de cuentas nunca autorizó y mucho menos regresó el dinero que nunca ingresó a las arcas municipales.
Con esto le asestaron un fuerte golpe a la defensa de Mendoza Pino, toda vez que en días pasados solicitaron cambiar el juicio sumario por el de uno ordinario, derivado de la causa penal 332/2012 que se le sigue por el desempeño irregular de la función pública, ocasionando un quebranto de 42 millones 517 mil 784 pesos, en agravio de las arcas municipales del municipio de Tulum, y ahora tendrán que enfrentar una segunda orden de aprehensión por el delito de cohecho en agravio de un particular.
Cabe hacer mención que Edith Mendoza Pino fue detenida el pasado 7 de diciembre, cuando intentaba pasar el filtro policiaco número dos, para dirigirse a la ciudad de Cancún, donde al parecer pretendía fugarse, pues le encontraron entre sus pertenencias 120 mil pesos y un pasaporte a su nombre, razón por la cual los fiscales de la Procuraduría de Justicia solicitaron al juez Primero Penal, Nicolás Pinzón Avila, se le negara el derecho de salir libre bajo caución.
Con respecto a la causa penal 332/2012 que se le sigue por el desempeño irregular de la función pública, en el cual cometió un quebranto de 42 millones 517 mil 784 pesos, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado aportó pruebas contundentes que aún la mantienen tras las rejas del CRM. (Fuente: Diario de Quintana Roo)

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