VILLAHERMOSA, MX.- El gobierno de Arturo Núñez Jiménez reportó la destitución de tres directores de hospitales de Alta Especialidad “por violación clara y directa de la Ley de Adquisiciones”, con lo que provocaron un adeudo de 221 millones de pesos.
En un comunicado, señaló que “en congruencia con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen la nueva vida pública de Tabasco, decidió informar sobre actos relacionados con la crisis financiera y administrativa a que se enfrenta el sector salud”.
Puntualizó que se trata de las destituciones de Humberto Azuara Forcelledo, director del Hospital de Alta Especialidad “Juan Graham Casasús”; Luis A. Ojeda Jiménez, titular del Hospital “Gustavo A. Rovirosa”, y de Gonzalo Neme Díaz, del Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”.
En nueve puntos, se expuso que lo anterior fue conocido por el nuevo titular de Salud, Ezequiel Toledo Ocampo, de acuerdo con el expediente D-060/2012 emitido el día 31 de diciembre de 2012 por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
“Los tres ex directores de los hospitales referidos incurrieron en irregularidades en los procesos de adquisición de insumos y servicios, acciones que conllevaron a un adeudo con proveedores que rebasa los 221 millones de pesos”, refirió.
De acuerdo con las auditorías aplicadas, en adquisición de insumos y servicios, los ex directores quebrantaron lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado, e hicieron compras sin que estuvieran soportadas con un techo presupuestal.
Añadió que la resolución establece que las operaciones se efectuaron sin apegarse a los procesos correspondientes, toda vez que se asignaron bajo la denominación “de compra directa”, lo que es contrario a lo que establece la norma en la materia. Detalló que por hospital, los adeudos por insumos son de 72 millones 425 mil 439 pesos en el “Juan Graham”; de 83 millones 743 mil 7 pesos en el “Gustavo A. Rovirosa”, y en el Hospital del Niño la deuda es de 64 millones 922 mil 927 pesos.
En la determinación de la Contraloría se establece que “si bien no hubo desvío de recursos ni se cometió daño patrimonial”, sí se violó la normatividad correspondiente, indicó.
Sin embargo, independientemente de que exista justificación de la actuación desplegada, abundó, no pasa inadvertida la transgresión directa al artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. “Ya que si bien obraron por una causa incluso establecida en la Constitución Federal en su numeral 4, la normatividad exige que las conductas de los servidores públicos se ajusten a las Leyes en la materia”, estableció.
Ante estos actos, precisó, “el gobierno del estado reitera su compromiso con la legalidad y pone de manifiesto su firme interés de resolver la situación adversa que atraviesa el sector salud”.
El pasado 17 de diciembre, a sólo 14 días de concluir la anterior administración, estalló una crisis de falta insumos, de pagos a proveedores y a personal médico en los nosocomios de la entidad. (Fuente: Notimex)
Comentarios en Facebook