Se trata de una trama política y económica que lleva consigo muchos misterios, toda vez que los recursos fueron depositados en una cuenta bancaria del Ayuntamiento Benito Juárez, y posteriormente traspasados a otra donde se hizo uso indebido de los mismos.
De acuerdo a documentación oficial de la Contraloría Municipal a la que tuvo acceso los diarios POR ESTO!, los 229 millones pasaron de la cuenta Banorte 0638275250, a la 4043847938 del banco HSBC.
En esta transacción de recursos, más de 162 millones desaparecieron sin “rastro”, toda vez que nunca fueron justificados o presentados para algún tipo de acción relacionada a favor de la ciudad como tal.
Por ello, los principales sospechosos son Latifa Muza Simón, quien fungía como encargada del despacho de la presidencia municipal, Oscar Conde Canto quien era director de Egresos; Tony Jiménez quien fue nombrado tesorero por Latifa y Carlos Trigos Perdomo, extesorero en la administración de Gregorio Sánchez Martínez
La danza de los millones
Al hacer la transferencia de cuentas, los entonces funcionarios públicos pretendieron “disfrazar” el movimiento y manejo de recursos, ya que el cambio de banco fue de manera premeditada.
La situación, fue la siguiente: en el mes de septiembre del 2009, con Gregorio Sánchez como alcalde de Cancún, el cabildo Benito Juárez autoriza la contratación de un crédito por el orden de 229 millones de pesos para obra pública.
Ese mismo año, en diciembre, se hace el contrato con el banco Banorte, el cual autoriza la cantidad señalada y la deposita en la cuenta 0638275250.
El gobierno municipal pudo disponer de los recursos de manera libre el 14 de abril del 2010, diez días después de que el entonces presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, saliera de la administración con licencia de la comuna para ser candidato a la gubernatura del estado.
Un día después, el 15 de abril, los 229 millones de pesos son transferidos a la cuenta de banco del HSBC 4043847938. A partir de este cambio es donde se da el desfalco de los recursos públicos.
Resulta, que el dinero, una vez en el banco HSBC, vuelve a tener un movimiento más a una subcuenta; es decir pasó de la cuenta 4043847938 a la de contrato de inversión 6330025597, bajo la consigna de generar “intereses bancarios”.
Sin embargo, la realidad fue que el movimiento de cuentas se hizo para poder manejar los recursos a placer y de manera alevosa. En teoría los 229 millones iban a ser utilizados para obra pública, pero, cerca de 60 millones de esa cantidad fueron usados para gasto corriente del Ayuntamiento Benito Juárez.
La Contraloría Municipal estima que esos 60 millones cubrieron parte de los gastos de nómina de la comuna, mientras que el resto del dinero fue a parar a bolsillos de muchos exfuncionarios.
Un dato que revela el sospechosismo hacia los arriba mencionados, es proporcionado por las sucursales Banorte y HSBC.
A nivel central, los bancos informaron al POR ESTO! que un movimiento de tal magnitud (cambio de cuenta) al tratarse del gobierno municipal, sólo podría haberse dado por orden directa de la presidencia municipal o tesorería.
En este punto, se especula que Latifa Muza Simón dio la orden para hacer el cambio cuando fungía como encargada del despacho municipal.
La orden la recibió Antonio Jiménez quien habría sido, a través de Oscar Conde Canto, entonces director de Ingresos, quien ejecutó la acción para hacer el movimiento de los recursos públicos.
La Contraloría Municipal únicamente debe indagar quién movilizó los recursos de una cuenta bancaria a otra y a partir de ahí se establecerá la responsabilidad de un desfalco millonario.
Cabe señalar que el nombre de Carlos Trigos Perdomo también aparece dentro de esta escena, debido a que aún cuando él salió de la administración municipal después de la licencia de su jefe, Gregorio Sánchez Martínez, también sabía de estos recursos y no se descarta que haya sido él quien hizo los cambios para llevarse todo ese dinero.
Dentro del gobierno municipal, se sabe que esos poco más 162 millones de pesos, que no aparecen, fueron a dar a campañas políticas en el 2010 cuando se dio el proceso electoral para cambio de alcaldes.
Una de las mayores sospechas, recae directamente en Latifa Muza, quien después de salir de la administración, recuperó un terreno, pagó una deuda millonaria que tenía con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, además de adquirir parque vehicular para su empresa Grúas Figueroa, la cual es de su familia.
El destino original de los 229 millones
Cabe recordar que el crédito de 229 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó en septiembre de 2009, era para inversión de obra pública, exclusivamente. De acuerdo al proyecto original, se pretendía rehabilitar las calles en 40 regiones de Cancún, además de la pavimentación, guarniciones, banquetas y alumbrado público en las avenidas Leona Vicario, Niños Héroes, Industrial y zona centro, con lo cual se iba a beneficiar a más de 800 mil habitantes.
De acuerdo con información oficial de la actual administración, de todos los recursos etiquetados para obra pública, si existen obras que se realizaron como es la creación de la avenida Fonatur como el Centro de Sanciones Administrativas, en el que tuvieron que hacer algunas modificaciones.
Fue hasta el pasado domingo 6 de noviembre del 2010 cuando el gobierno del ayuntamiento de Benito Juárez decidió romper el silencio y lanzó su primera aclaratoria sobre el paradero de los recursos del empréstito de 229 millones de pesos 656 mil 192 pesos.
Sin embargo, el resto de los recursos no fueron aplicados y por eso es que se realizarán las comparecencias antes mencionadas.
La mayor responsabilidad caería en la segunda compareciente en la figura de Latifa Muza Simón, quien al quedar como encargada del despacho debió de reportar el mal manejo y sobre todo determinar quién se llevó los recursos o a dónde fueron a parar, justo tras la salida de Gregorio Sánchez. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
ALISTA COMUNA NUEVA DENUNCIA CONTRA EX FUNCIONARIOS POR DESVÍO DE RECURSOS
CANCUN, BJ, 2 de enero.- La contralora del Ayuntamiento benitojuarense, Reyna Arceo Rosado, informó que seis ex funcionarios de la Comuna están siendo investigados por haber participado en el desvío de dinero realizado por el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo. Indicó que las demandas ya fueron interpuestas para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) proceda a la detención de los involucrados. La entrevistada dijo que están incautadas las propiedades Trigos Perdomo. Eso lo está viendo el tesorero Leonel Saury Galué, porque son tres los procedimientos que se deben de llevar a cabo: El aseguramiento de las propiedades, la denuncia penal y lo correspondiente a lo administrativo. Son cuatro las denuncias interpuestas y sólo queda una pendiente para finales de enero.
Reyna Arceo precisó que son varias las propiedades del ex tesorero Carlos Trigos tanto en esta como en otras ciudades, por lo que se continuará trabajando con toda la ciudadanía para seguir combatiendo la corrupción.
Arceo Rosado dijo que se cuenta con un comité de transparencia, además de que se han unido 50 voluntarios de universidades como La Salle, Unid y Del Sur, para combatir fuertemente a la corrupción, ya que en este año se tiene un programa muy intenso para atacar las áreas susceptibles.
“El día de hoy fueron suspendidos tres inspectores de Desarrollo Urbano. Hay cinco que están en proceso. Se dio de baja a un policía turístico por una denuncia de unos turistas. Están en procedimiento otros diez. Con la ayuda de la ciudadanía podemos actuar contra los malos funcionarios”, indicó.
En cuanto a la problemática en el Instituto Municipal de la Mujer, Arceo Rosado informó que es un cambio que se le está dando a la directora. La Contraloría está participando en la entrega-recepción.
Comunicó que ya tienen a la nueva directora en este momento, que ya está en funciones, por lo que el Instituto está abierto para la ciudadanía, para que los programas se sigan otorgando.
Reyna Arceo dijo que en ese Instituto están analizando perfiles de nuevos trabajadores. Prácticamente son seis a los que removerán paulatinamente, conforme lo que marca el reglamento, porque hubo quejas de ciudadanos de que se daban asesorías personales y se cobraban, por eso es importante que los ciudadanos les digan qué es lo que pasa en todas las direcciones, porque todo lo que se da es gratuito y no está permitido que cobren. (Fuente: Diario de Quintana Roo)