El pasado 27 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, votó a favor de solicitar la información del proyecto a autoridades de los tres niveles de gobierno, y a las secretarías de Economía (SE) y Gobernación (Segob); la legisladora por Quintana Roo consideró que el proyecto viola diversas disposiciones ambientales.
La construcción se realizaría en un terreno denominado El Tucán, un predio de 561.37 hectáreas en Puerto Morelos, a 19 kilómetros de la zona hotelera de Cancún. El convenio lo firmó el ex gobernador de Quintana Roo, Félix González, en marzo de 2011.
El Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental local (Inira), autorizó el pasado 6 de septiembre la creación del complejo, aunque el alcalde de Cancún, Julián Ricalde, afirmó que el proyecto no cumple con lo estipulado por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, de acuerdo a lo publicado este domingo por el diario El Universal.
Un oficio firmado el 19 de diciembre dirigido a Saldaña Fraire y por el subsecretario de Gestión de Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alemán, señala que “no se tiene proyecto alguno” bajo el nombre de Dragon Mart Cancún y “tampoco existe alguna solicitud que se hubiese presentado para llevar a cabo cualquier obra y actividad relacionada con el proyecto”, publicó el semanario Proceso en su versión impresa del 6 de enero.
Inversionistas
El director del proyecto, Juan Carlos López Rodríguez, lo define como “un punto de venta de mercancías diversas en donde vendedor y comprador harán negocio sin intermediarios, lo que reduce drásticamente los costos”.
Indicó que se trata de una inversión ente 180 y 200 millones de dólares que contaría con venta de productos de iluminación, muebles, aparatos eléctricos y electrónicos, equipo médico, autopartes, alimentos, material de construcción, equipamiento de inmuebles, ferretería, joyería, juguetes y maquinaria agrícola.
Bajo la razón social de Real Estate Dragon Mart, 90 por ciento de las acciones se encuentra en poder de un grupo de empresarios mexicanos y sólo 10 por ciento –no 40 como se informó en marzo de 2011- a nombre del socio estratégico Chinamex Middle East Investment Trade Promotion Center, reiteró López Rodríguez.
José Luís Salas Cacho, Luis Felipe Salas Benavides, Miguel Pedraza Villarreal y el mismo Juan Carlos López Rodríguez, quienes se identifican como el Grupo Monterrey, ostentan el 45 por ciento de las acciones, mientras que el otro 45 en manos mexicanas son de un empresario de Yucatán, Carlos Catillo Medrano.
Voces en contra
Alejandra Serrano, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), consideró que “detrás del Dragon Mart existe también un proyecto de extracción de recursos naturales, como madera, material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana Roo”.
El diputado Rodrigo González Barrios advirtió que el proyecto prevé la excavación de 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas, “equivalente a cuatro veces más que la Alameda Central del Distrito Federal”, para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo.
La perredista Graciela Saldaña Fraire, criticó que el proyecto se presenta como “Desarrollo Turístico”, sólo para que los cinco mil chinos que laborarán y operarán ese conglomerado permanezcan en México con calidad migratoria de turistas, a pesar de que serán trabajadores permanentes y contratados bajo leyes chinas, puntualizó.
En su totalidad, el Dragon Mart también contempla la creación tres mil 40 locales comerciales de 25 metros cuadrados cada uno. En un área de 127 mil metros cuadrados; 12 locales comerciales en tono a espejos de agua artificiales para cafeterías, restaurantes y tiendas; 20 bodegas de 5 mil 403 metros cuadrados cada una y construcción de 722 viviendas de dos niveles de entre 100 y 150 metros cuadrados para los trabajadores de origen chino.
(Con información de Proceso, El Universal y Notimex Vía Aristegui Noticias)