“No se harán juicios sumarios” en este caso, adelantó al respecto el funcionario federal en entrevista en el marco de la presentación de la Tercera Evaluación del Desempeño Ambiental de México, por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Lo que sí no podemos permitir, es convertirnos en una especie de ‘Santa Inquisición’ que antes de conocer las características de un proyecto, echarlo para abajo, vivimos en un Estado de derecho y es lo que el presidente (Enrique) Peña está promoviendo”, expresó, por lo que “esos juicios sumarios no se pueden llevar a cabo”.
Mencionó, además, que hasta ahora sólo ha escuchado comentarios en materia económica, pero la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “se dedica al medio ambiente”, y mientras el caso no llegue a las oficinas centrales de esta dependencia, no se puede señalar si está violando las leyes ambientales.
En ese sentido, dijo que de haber algún señalamiento por parte de la delegación de la Semarnat en Quintana Roo o de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y si fuera el caso de que los desarrolladores tuvieran que solicitar otro tipo de permiso, entonces la Semarnat revisaría hasta “con lupa” el proyecto.
Guerra Abud explicó que actualmente el reglamento establece que cuando se trate de permisos que solicitan particulares, estos deben ser resueltos por las delegaciones estatales de la Secretaría del Medio Ambiente.
Y ante este tipo de asuntos, añadió, donde la sociedad ha manifestado su rechazo por presuntas afectaciones ambientales y económicas, lo que se puede hacer es buscar una adecuación a las normas del procedimiento.
“Hacer quizá una adecuación a este reglamento para que todo aquello que sea de alto impacto ambiental, social o político lo podamos atraer a oficinas centrales”, refirió el funcionario federal. (Fuente: Notimex)