CANCÚN, MX.- La Contraloría Municipal resolvió inhabilitar del servicio público a tres funcionarios del trienio de Gregorio Sánchez, relacionados con el desvío de 89 millones de pesos que no se reportaron en el ejercicio fiscal del 2009.
A Edgar Díaz Martínez Macías, Fredii Fierros Games y Natalia Nadyeli Torres Ambriz, también se les fijó una sanción económica millonaria.
De acuerdo al primer edicto que ayer se publicó en un diario local, a Edgar Díaz Martínez Macías, en su calidad de director general de Planeación Municipal, se le impuso una inhabilitación de 20 años para desempeñar cargo en el servicio público, así como una sanción económica “consistente en dos tantos del daño proferido”, esto es por 22 millones 924 mil pesos.
En el caso de Fredi Fierro Games, en su calidad de director de Recursos Materiales, fue encontrado responsable de irregularidades, y se le impuso una inhabilitación de 15 años para ocupar cargo en el servicio público, y “se le impone al hoy responsable administrativamente una sanción económica de 142 millones 325 mil 449 pesos”.
Asimismo, Natalia Nadyeli Torres Ambriz también queda inhabilitada por 20 años para un cargo en el servicio público, ya que en su calidad de directora de Finanzas cometió una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos. También se le impone una sanción económica “consistente en dos tantos al daño proferido, esto es, que dividida entre la cantidad de 174 millones 101 mil 051 pesos”.
Aunque ayer se intentó entrevistar a la contralor Reyna Arceo para que diera una explicación al respecto, ella argumentó diversas reuniones.
En el caso de Edgar Díaz Martínez Macías, de acuerdo al artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, puede presentar un recurso de inconformidad sobre su sanción impuesta.
Cabe señalar que estos tres funcionarios fueron demandados por Jaime Hernández Zaragoza, dos días antes de terminar su interinato como alcalde de Cancún, por haber incurrido en varios delitos.
Según la Averiguación Previa AP/1719/2011, la denuncia fue interpuesta por el ayuntamiento de Benito Juárez, donde consta también la participación delictiva de manera conjunta de diversas personas físicas y morales.
Los inhabilitados por la Contraloría Municipales fueron encontrados responsables de haber pagado indebidamente a varias empresas, por presuntos bienes y servicios que nunca entregaron al ayuntamiento Benito Juárez. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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