MÉXICO.- A pesar de que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México minimizan el sobreendeudamiento que enfrentan una buena parte de municipios y estados del país, la agencia Moody’s alertó hoy sobre el latente riesgo de que algunos de esos gobiernos enfrenten en el corto plazo una virtual crisis de pagos.
En una videoconferencia, el analista Francisco Urióstegui destacó que 68% de los estados y 87% de los municipios analizados por la consultora tienen calificaciones en el grado especulativo.
“Nuestras calificaciones evalúan no sólo la probabilidad de incumplimiento, sino también la pérdida esperada resultante de esta situación”, dijo.
Y con base en ello, dijo que a la fecha 30% de los emisores calificados se encuentra en perspectiva negativa o bajo revisión, lo que, en otras palabras, significa que podrían significar una baja de calificación en el corto plazo.
Así, de las 25 entidades federativas que califica Moody’s, las que tienen perspectiva negativa o en revisión y que serían susceptibles de una baja en su nota son Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo.
Y de los 47 municipios calificados, los que tienen perspectiva negativa o en revisión son: Guadalajara, Coatzacoalcos, Manzanillo, Tlaquepaque, Durango, Ixtapaluca, Mexicali, Acapulco, Benito Juárez (Cancún), Sultepec, Tuxpan, Zapotlán el Grande, Coacalco, y Naucalpan.
Y aunque estos gobiernos tratan de corregir sus desequilibrios, aclaró Urióstegui, esas medidas no representan una solución a largo plazo y sólo van a postergar el problema.
“No descartamos que en el futuro cercano se presenten nuevos casos de incumplimiento”, argumentó el directivo al insistir que éstos no representan un vínculo de contagio ni hay razones macroeconómicas para considerar que podrían generalizarse en el sector.
Más aún, Urióstegui anticipó que en un plazo de hasta tres meses Moody’s de México podría tomar más acciones de calificación entre los gobiernos locales que actualmente presentan perspectiva negativa o se encuentren en revisión para posible baja.
Sin embargo, sostuvo que los recientes casos de incumplimiento no representan un riesgo mayor para el gobierno federal el cual, destacó, ya ha confirmado su política de no rescatar a estados y municipios.
Incluso, en un escenario en que el gobierno federal cambiara su postura, consideró, la deuda subsoberana no representaría más de 2.6% del PIB y alcanzaría sólo 10% del total de la deuda del gobierno federal.
En un caso hipotético de rescate de los gobiernos locales, argumentó, esta medida “no afectaría la calificación del gobierno soberano”, pues la deuda total del gobierno federal es de 27.7% del PIB y, si tomara la de estados y municipios, ascendería a 30.3%, “lo cual es un número muy pequeño”.
La débil disciplina fiscal, en combinación con el incremento de gastos operativos, fue lo que produjo el fuerte deterioro en las finanzas de muchos estados y municipios, aunque son casos específicos, precisó.
La deuda a corto plazo y el crecimiento de las cuentas por pagar, explicó, fueron el principal instrumento de financiamiento que utilizaron estos estados y municipios para suplir los déficits registrados.
Y en algunos casos lo que generó el incumplimiento fue la falta de liquidez o recursos para cumplir con sus obligaciones, y en otros la incapacidad para refinanciar esos mismos cortos plazos.
En los últimos cinco años, precisó, se incrementaron los déficits de estados y municipios, y en ello el periodo electoral de 2012 representó una presión extraordinaria, lo que pudo contribuir a generar los eventos recientes de morosidad.
El monto de los incumplimientos de pago recientes en obligaciones de corto plazo fue menor a 2.0% de los ingresos totales de las entidades, lo que confirma que se trata de una situación de liquidez y no de un problema de insolvencia a largo plazo.
“No es el tamaño ni el costo de la deuda a largo plazo lo que ha detonado esos incumplimientos”, subrayó el directivo, al precisar que a la fecha los créditos a largo plazo respaldados con fondos federales se han desempeñado positivamente y este tipo de deuda representa alrededor de 90% de las obligaciones en el sector.
Las deudas a largo plazo han crecido de forma acelerada en los últimos cuatro años, pero el costo del financiamiento relacionado con las mismas se ha mantenido constante y en niveles manejables. (Fuente: Proceso)