Juan Pablo Mirabent, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Cancún, señaló que en años anteriores, los fraudes que se cometieron en el sector inmobiliario han sido dañinos para el sector, por lo que se viene promoviendo desde hace más de dos años esta regulación que tanta hace falta en el estado para dar una mayor certeza legal y jurídica en la inversión.
La Ley Inmobiliaria oconocida como Antifraude, busca precisamente que las operaciones inmobiliarias se lleven a cabo de forma transparente, con agentes profesionales especializados y certificados, que permitan una transacción transparente y que otorgue esa garantía en la inversión.
La AMPI, dijo, desarrolló una propuesta en Quintana Roo derivado de la fuerte actividad económica que mantiene y del interés que se tiene del inversionista por seguir desarrollando, sin embargo, hasta ahora la propuesta se mantiene en el Congreso del Estado sin movimiento.
En otros estados del país (al menos 10, el último de ellos el Distrito Federal) ya tienen este tipo de legislación, por lo que se reitera la urgencia a la actual legislatura estatal para que se pueda dar la revisión y aprobación de esta legislación que le permita al estado una mayor seguridad en la inversión.
En este impulso que se da, el exlíder del sector informó que ya se sostuvo una reunión con el presidente de la Gran Comisión Eduardo Espinosa, quien se comprometió a sacar esta iniciativa antes del primer trimestre del año, por lo que se espera que finalmente se logre aprobar y se tenga un instrumento que dé certeza jurídica.
Lo que se tiene que privilegiar aquí, destacó, es la seguridad en la inversión, y en ello a nivel federal en julio próximo entrará en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones de procedencia ilícita, la cuál deberá estar relacionada con la ley estatal que aún esta pendiente.
Esta ley, obliga a todas las personas que realicen operaciones por arriba de los 500 mil pesos, a reportar sus movimientos, lo que también va relacionado con la normativa que se tiene para evitar el lavado de dinero.
Así también lo que se busca con la Ley Inmobiliaria, es la plena identificación de los profesionales y certificados que atienden este sector, para evitar que la gente caiga en manos de defraudadores. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
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