Destinarán 57 mdp a QR contra la delincuencia y aclaran que OPB sí fue incluido en el reparto

CHETUMAL, MX.- Las confusiones que se observan en las Bases del Plan Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, difundidas por la Secretaría de Gobernación, quedaron aclaradas en el decreto para el otorgamiento de apoyos a las 57 demarcaciones prioritaritarias definidas en el ya denominado “Plan Anticrimen”, el cual fue publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación y establece que a Quintana Roo se canalizarán 57 millones 17 mil 695 pesos, dirigidos a los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco.
Según el desglose de las demarcaciones beneficiarias de los apoyos aprobados por la Federación para el también llamado Plan Nacional de Prevención del Delito, para el municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, principal polo turístico de la Entidad, serán canalizados 35 millones 345 mil 777 pesos; y para el municipio de Othón P. Blanco, donde está la capital del Estado, se aportarán 21 millones 671 mil 918 pesos.
Pero para poder recibir esos subsidios, ambos municipios deberán presentar un programa municipal para la aplicación del plan en sus demarcaciones y cumplir sus metas.
El decreto indica que estos dos municipios del Estado cumplieron los lineamientos para ser incluidos entre las 57 demarcaciones prioritarias que recibirán recursos extraordinarios, provenientes de un fondo que en total asciende a 2 mil 500 millones de pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que serán complementarios a los subsidios que reciben las policías municipales mediante el Subsemun y a los fondos de aportaciones para la seguridad pública que reciben los municipios como parte de sus participaciones federales, así como a los fondos que reciben los estados.
Los lineamientos establecidos para obtener este subsidio especial se basan en los criterios de: población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, y conforme a ellos se eligieron 48 municipios, 2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 7 zonas metropolitanas.
En el caso del municipio de Benito Juárez, quedó incluido entre los que recibirán apoyo debido a su incidencia delictiva, mientras que el de Othón P. Blanco está entre los que recibirán subsidio debido a cobertura territorial de las instituciones de seguridad pública, debido a su extensión.
Plazos
El Estado tiene hasta el 31 de marzo para firmar el Convenio Específico de Adhesión al Plan para recibir la transferencia de estos fondos y los anexos únicos deberán ser firmados por los municipios a más tardar el 30 de abril.
El decreto establece que los recursos del subsidio son adicionales y complementarios a los proporcionados por otros programas federales y locales vigentes, por lo que deberá evitarse la duplicidad de su aplicación con los recursos de otros fondos, apoyos y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de prevención. En ningún caso, los recursos del apoyo sustituirán a los recursos dirigidos a estos fines.
Por ello, las entidades beneficiadas deberán asegurar que los recursos del subsidio no se dupliquen con otros programas o acciones locales en materia de prevención.
A más tardar el 1 de abril deberá instalarse una Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para facilitar la coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales.
Los alcaldes de los municipios donde se aplicarán apoyos someterán a opinión de la Comisión Estatal, a más tardar el día 20 de abril, su Programa Municipal para observaciones y comentarios, que deberá elaborarse en conjunto con la entidad federativa y los representantes de la Federación.
Según el decreto, los programas municipales de Benito Juárez y Othón P. Blanco, como los de los demás beneficiarios, deberán estar basados en diagnósticos sociales y criminógenos y propondrán el ejercicio específico de los recursos, en apego a los ejes rectores definidos, de manera geo-referenciada, atendiendo la definición de polígonos de actuación que para el efecto se determinen.
A más tardar el 30 de abril, el gobierno del Estado enviará a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Interinstitucional Federal: los Programas Municipales de su competencia; el acta de la sesión de la Comisión Estatal en la que fueron presentados, con sus comentarios y observaciones, los respectivos programas de trabajo que consideren forma y tiempos en que se cumplirá con el Programa; y el compromiso expreso de brindar las facilidades necesarias al personal de la Federación que coordinará la ejecución del Plan en las entidades federativas.
La primera parte del subsidio será del 70 por ciento y se entregará a más tardar el 15 de mayo, siempre y cuando ya estén aprobados los programas municipales respectivos.
El 30 por ciento restante estará condicionado a que se compruebe el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Municipal y que se haya ejercido al menos el 50 por ciento del primer monto recibido.
Por ello, los Estados presentarán mensualmente a la Comisión Interinstitucional Federal los informes de avance físico – financiero del ejercicio de los recursos, así como de las acciones realizadas con ellos.
Los subsidios tienen como propósito apoyar a las entidades federativas a desarrollar programas de seguridad ciudadana, con enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y la delincuencia.
También se dirigen a: promover acciones para la cohesión comunitaria; la formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz.
También a políticas de protección y atención a grupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género; intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales; prevención y atención de las violencias en el entorno escolar; atención integral a víctimas de violencia y el delito; reconciliación policía-sociedad; modelos policiales de orientación comunitaria; atención integral para las y los jóvenes; salud sexual y reproductiva; desarrollo de capacidades, competencias laborales y emprendimiento socioproductivo; reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley; prevención y atención integral de las adicciones; desnaturalización de las violencias; víctimas directas e indirectas de violencia y del delito; población en reclusión y sus familias; migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados; convivencia ciudadana y gestión comunitaria, entre otros.
Los recursos serán ejercidos, comprobados, vigilados y controlados bajo las leyes federales de presupuesto, hacienda y contabilidad gubernamental, así como otras normas federales aplicables. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)