Lo que queda claro, cuando aún a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le falta algo así como la mitad del proceso de revisión de las candidaturas ciudadanas o independientes, es que éstas serán un hecho en Quintana Roo.
Ciertamente, una tema en el que que coinciden el PRI, el PAN y el PRD, es que en Quintana Roo haya condidaturas ciudadanas.
En sus intervenciones, los ministros adelantaron que basta que las leyes secundarias contemplen esta figura, para que queden validadas las candidaturas ciudadanas en Quintana Roo.
Lo que quedó en suspenso, o pendiente, es cuándo entrarán en vigor estas candidaturas ciudadanas, pues parece que no hay equidad en los mecanismos para el registro de estos aspirantes a cargos de elección popular.
De que serán validadas, serán validadas; de que van, van. Pero aún no se sabe si será en el proceso electoral que empieza en ocho días, o en el siguiente, o en el del 2018, 2021, 2024….
Pero también ha quedado muy claro que desde el Gobierno del estado y desde PRI, hay un afán por la ilegalidad, por ganar a la mala y “haiga sido, como haiga sido”.
Y lo que es aún más grave, que dos supuestas entidades autónomas, el Congreso del estado y el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en realidad no solo bailan al son que les impone el Ejecutivo, sino, incluso, lo hacen violando el marco de derecho.