El proyecto fue avalado por 414 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones.
Previo a la votación los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal, Partido de la Revolución Democrática (PRD) Silvano Aureoles, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Escobar, y Nueva Alianza (Panal) María Sanjuana Cerda, acordaron presentar en conjunto 18 reservas al dictamen.
Lee aquí los puntos clave de la reforma en telecomunicaciones.
La norma, que también debe recibir el visto bueno del Senado, propone que ninguna empresa tenga más del 50% de participación en el mercado de telecomunicaciones y medios, para garantizar que no haya posiciones dominantes, bajar las tarifas y ofrecer mejores servicios.
La norma podría forzar a las enormes compañías que lideran el negocio a realizar desinversiones. También plantea permitir mayor inversión extranjera en el sector y licitar dos cadenas de televisión abierta nacionales.
El mercado de radio y televisión está dominado por el grupo de medios Televisa, propiedad de Azcárraga, y TV Azteca, mientras que el de telefonía es ampliamente controlado por la gigante América Móvil, de Slim, la mayor firma de telecomunicaciones de América Latina.
Entre las reservas acordadas están que en la radiodifusión se permitirá una inversión extranjera de hasta el 49%, que significa permitir que un agente económico extranjero invierta en nuestro país en materia de radiodifusión hasta el porcentaje señalado, siempre y cuando un agente económico constituido en México se le permita invertir, como mínimo, en el mismo porcentaje en el país extranjero de que se trate.
También se pactó que entre las modificaciones al dictamen se incluya precisar que los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que sean declarados como agentes económicos preponderantes no se beneficiarán de la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita, beneficio que tampoco se extenderá a los agentes económicos que tengan vínculos comerciales o de negocio con dichos agentes.
“El Instituto Federal de Telecomunicaciones impondrá las medidas necesarias. Así mismo se precisa que por agente económico preponderante se entenderá a cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación mayor al 50% de los sectores de radiodifusión o telecomunicaciones, es decir, del conjunto de los servicios de radiodifusión o del conjunto de los servicios de telecomunicaciones medido este porcentaje por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráficos en sus redes o su capacidad utilizada, de acuerdo con datos del Instituto”, se detalla en las propuestas de modificaciones de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, respaldadas los coordinadores de los partidos, difundidas en la Gaceta Parlamentaria.
Para el organismo público de radiodifusión planteado en el proyecto se acordó incluir que entre los objetivos de éste se incluya expresamente que deberá promover contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
“Asimismo, en este mismo párrafo (del artículo sexto) de la iniciativa se consideró conveniente señalar expresamente que será obligación del organismo público de radiodifusión dar espacio a los productores independientes”, añade el texto.
Por último, las fracciones parlamentarias acordaron que con el fin de garantizar una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de los dos órganos constitucionales autónomos que se crean (Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia Económica), por un lado, se deja asentado que será la Cámara de Diputados la encargada de fijar su presupuesto, de tal forma que les permita un desempeño eficaz.
Por otro lado, las percepciones que reciban los comisionados de los órganos que se proponen se deberán ajustar a lo previsto en el artículo 127 constitucional. (Fuente: CNN)