En medio de renuncias por la cancelación de proyectos personales y advertencias de conflagraciones electorales de personajes de izquierda con fuertes vínculos con el gobierno estatal, finalmente se aprobó la alianza PAN-PRD.
La inalterable difusión de notas en contra de esta alianza, que realizaron los periódicos “comprometidos contigo” y de la Radio estatal, tampoco lograron que naufragara, lo que de nuevo pone en tela de juicio el verdadero alcance de los medios ante el electorado cancunense.
Empero, el terror de perder una tercera elección consecutiva en Quintana Roo, a manos de la oposición, abre nuevos campos de batalla en contra de panistas y perredistas, incluido el fuego amigo y el creciente rumor de encarcelar al presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, una de las principales figuras de la oposición que encabeza la infantería del aparato estatal.
Para minar desde adentro a la alianza PAN-PRD, la senadora perredista Luz María Beristain y cercana colaboradora del ex gobernador Félix González Canto, alzó la mano para disputarle la candidatura a la ahora ex diputada federal Graciela Saldaña Fraire.
Y en un intento desesperado por restarle votos a la alianza, el Partido del Trabajo postulará como candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez a Maribel Villegas Canché, quien renunció este fin de semana al PAN, “por no encontrar los espacios para corresponder a los miles de seguidores que tiene”.
Cabe recordar que por los mismos motivos, Villegas Canché renunció al Partido Verde y posteriormente al PRD.
Por lo pronto, el PAN definió sus candidaturas por mayoría relativa: el ex líder estatal de ese partido Sergio Bolio será el candidato a diputado por el IX Distrito electoral y el todavía regidor cancunense Julián Aguilar, por el X.
Para el XIV que comparten Isla Mujeres y Benito Juárez, el PAN contempla al aún alcalde isleño Hugo Sánchez Montalvo, mientras que la todavía presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Arguelles, por el XV Distrito electoral, que comparte a este municipio de la zona maya con Benito Juárez.
CSI Cancún
Durante décadas, el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, el más grande del sureste del país, sirve como acarreador de votantes en jornadas electorales para el priismo, es caja chica de los gobiernos estatales, y socio de políticos y funcionarios que gozan de placas como pago de facturas.
La cercanía de sus dirigentes con el gobierno estatal les permite gozar de total impunidad en este centro vacacional, tan es así que el gobernador del estado nunca falta a las celebraciones de aniversario.
Sin embargo, la ejecución de uno de uno de sus líderes, junto a seis personas más a manos del crimen organizado, volvió a poner ante la opinión pública a esta agrupación de dueños de taxis, que tienen a más de 16 mil choferes a su servicio, con incontables delitos.
El propio gobernador Roberto Borge Angulo anunció una investigación luego de la masacre a manos de la delincuencia organizada, pero también valdría la pena que las autoridades correspondientes investiguen más ilícitos que se cometen en un buen porcentaje de los más de cinco mil autos de alquiler que circulan en Cancún.
Basta con señalar que los denominados “martillos” llevan a los turistas y a los consumidores locales a las “tienditas” donde venden drogas y a las casas de masajes que practican la prostitución, así como un importante número de autos robados son utilizados como taxis.
Si en realidad la investigación es a fondo y hasta sus últimas consecuencias, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo ya tiene por donde empezar.
El nuevo PRI
El gobernador Roberto Borge Angulo llevó a todos los secretarios de estado, entre ellos al procurador de Justicia de la entidad, Gaspar Armando García Torres y al secretario estatal de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo, a la reunión que sostuvo con el presidente nacional del PRI, César Camacho Solís.
En este caso, los “periódicos comprometidos contigo y la Radio estatal” no consignaron que los funcionarios quintarroenses asistieron en horarios de trabajo a un acto político.