CANCÚN, MX.- El director de Transporte Público y Vialidad, Luis Miguel Ramírez Razo, reiteró que el único autorizado para determinar las tarifas del transporte público urbano de pasajeros es el Cabildo, luego entonces no es entendible que cualquier otra autoridad asuma tal responsabilidad al recordar que el pasado jueves el máximo órgano de gobierno de la presente administración municipal, con el voto unánime de los concejales de todos los partidos políticos, ratificaron que la tarifa vigente es de 6 pesos en la zona urbana y 8.50 en la zona hotelera.
Al respecto, destacó que los transportistas están en un error, toda vez que “una supuesta acta de la Comisión Mixta Tarifaria, con fecha del ocho de septiembre del 2010, no es una autorización legal; para ello, tuvo que haber pasado por el Cabildo”.
También destacó las declaraciones del doctor Tomás Contreras Castillo, quien durante el interinato de Jaime Hernández al frente del municipio de Benito Juárez, sustentó el cargo de secretario general del Ayuntamiento y de secretario ejecutivo de la Comisión Mixta Tarifaria, pues el ex funcionario aseguró que durante ese periodo jamás se convocó a reunión a la Comisión Mixta Tarifaria, lo que pone en tela de duda la veracidad y probidad de dicho documento.
Ramírez Razo añadió que “Tomás Contreras manifiesta que es falsa la firma que aparece en el documento, en el espacio que aparentemente él firmó y además menciona que la Comisión Mixta Tarifaria nunca sesionó en el periodo que él estuvo a cargo”.
Agregó Miguel Ramírez que durante ese mismo periodo, él fungía también como director de Transporte y Vialidad y aseguró que no recuerda haber sido convocado a una reunión con dicho organismo, mismo que –aclaró- se reúne sólo cuando es llamado por el secretario general en turno de la Comuna, que era precisamente el doctor Contreras.
Luis Miguel Ramírez Razo indicó que se procederá legalmente a partir de este próximo lunes cuando abran el Juzgado de Distrito, donde se adicionará la presentación de pruebas por parte del Ayuntamiento, para sustentar la absoluta ilegalidad con que han procedido las concesionarias del transporte. (Con información del Ayuntamiento)