El secretario del Juzgado Cuarto de Distrito, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, concedió la suspensión provisional a Turicun y Autocar, con base a unas supuestas actas de la Comisión Mixta Tarifaria, del 22 de marzo del 2011, y de una sesión de Cabildo, también con fecha del 22 de marzo de 2011.
Sin embargo, abogados consultados por POR ESTO! señalan que los documentos no son prueba plena de que habían entrado en vigor las tarifas de 8 y 10.50 pesos para la zona urbana y la zona hotelera respectivamente, a partir de enero de 2013, como supuestamente lo aprobó la Comisión Mixta Tarifaria, en virtud de un aumento al diesel.
Y es que las transportistas debieron presentar como prueba un ejemplar del Periódico Oficial del Estado, o bien la copia certificada, en la que diga la fecha para poner en vigor las tarifas que Turicun y Autocar ahora cobran en sus unidades.
Incluso en las copias que representantes de las transportistas repartieron a los medios, en la conferencia de prensa del pasado viernes, no figura el ejemplar o copia del Periódico Oficial del Estado.
La norma marca que cualquier acto determinado para que entre en vigor, como son las sesiones en el cabildo, decretos del Congreso del Estado o acuerdos del Ejecutivo Estatal, deben se publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Aunque por si fuera poco, también está en duda que las actas que las empresas han exhibido, en la que supuestamente se aprueba el alza del pasaje, sean auténticas, ya que tanto el entonces secretario del ayuntamiento, y miembro de la Comisión Mixta Tarifaria, ya desconoció su firma en el documento, lo mismo que el entonces regidor de Tránsito, Ramón Valdiviezo.
Otro elemento falso que presentan los transportistas y que el juzgador aceptó, es que las empresas ya venían cobrando las tarifas de 8 y 10.50 pesos para la zona urbana y zona hotelera de Cancún, como se lo solicitaron al momento de pedir “el amparo y protección de la justicia federal”.
Al menos así se establece en el juicio de amparo 448/2013 promovido por Santiago Alberto Carrillo Sánchez, apoderado de Autocar, para la que logró la protección de 227 de sus unidades.
En parte del contenido de la solicitud de amparo, dice al juez que “la quejosa”, en este caso Autocar, “ha venido aprobado las tarifas que previamente le fueron aprobadas, es decir, 8 pesos para la zona urbana, y 10.50 para la zona hotelera, sin embargo, el día 20 de marzo del presente año fui informado por los choferes que laboran para ella (Autocar) que al estar prestando el servicio urbano público de pasajeros, en la zona hotelera como en la zona urbana de esta ciudad, fueron detenidos por personas que dijeron ser autoridades reguladoras del transporte público, esto en diferentes partes de la ruta autorizada, y quienes desde ese día y en reiteradas ocasiones han continuado deteniendo a las diversas unidades que prestan el servicio, así como también gente armada que aparentemente sirve a alguna corporación policiaca, para realizar la detención de nuestras unidades, han venido causando molestia mientras se presta el servicio, que afectan la propiedad de mi mandante, diciéndole a los operadores que procederán a detener las unidades de mi representada dejándolas fuera de circulación”.
Entre las pruebas que aporta Autocar al Juzgado Cuarto está la copia certificada, ante notario público (Benjamín de la Peña), de la sesión ordinaria del 22 de marzo del 2011, “con la participación total de los integrantes de la Comisión Mixta Tarifaria del ayuntamiento Benito Juárez, Quintana Roo, tal y como consta en el documento público que se exhibe…”.
Con estos y más información al Juzgado Cuarto, Autocar, junto con Turicun obtuvieron la suspensión provisional del amparo solicitado. El próximo 3 de abril es la fecha que el Juzgado fijó, a las 13:35 horas, para llevar a cabo la audiencia incidental, y donde el ayuntamiento Benito Juárez tendrá que dar su pelea para evitar que las empresas se salgan con la suya, de imponer tarifas de transporte público sin autorización del ayuntamiento Benito Juárez. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)