CHETUMAL, MX.- El con­tra­lor del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), José Antonio Barón Aguilar, está bajo inves­ti­ga­ción por parte del Congreso del Estado, tras una queja que se pre­sen­tó en su con­tra por omi­sio­nes, por lo que se creó una comi­sión espe­cial de legis­la­do­res para revi­sar el caso. Él mismo afir­mó des­co­no­cer el por qué de la queja mien­tras que el pre­si­den­te del órga­no elec­to­ral, Víctor Vivas Vivas, indi­có que el Poder Legislativo ya le soli­ci­tó docu­men­ta­ción para deter­mi­nar si hay irre­gu­la­ri­da­des.

Será el dipu­ta­do suplen­te de Eduardo Espinosa Abuxapqui, Jorge Aguilar Cheluja, quien pre­si­da esta comi­sión espe­cial de inves­ti­ga­ción con­tra el fun­cio­na­rio elec­to­ral, dado que se defi­nió así en el Congreso del Estado, aun­que los dipu­ta­dos panis­tas vota­ron en con­tra de que se abrie­ra la inves­ti­ga­ción.

Esto luego de que la abo­ga­da, Gabriela Rojo Castillo, inter­pu­so una queja por supues­to “incum­pli­mien­to de fun­cio­nes”.

El fun­cio­na­rio, Barón Aguilar, se sor­pren­dió por la noti­cia en vir­tud de que según él, ha cum­pli­do con lo que esta­ble­cen sus fun­cio­nes asen­ta­do en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Consideró “raro” el pro­ce­so que hay en su con­tra y el pro­ce­di­mien­to que tomó el Congreso del Estado, pues en su caso, dijo, lo con­du­cen­te era soli­ci­tar un jui­cio polí­ti­co en su con­tra.

“He sido pun­tual en mis fun­cio­nes en el Teqroo y he cum­pli­do con mi decla­ra­ción patri­mo­nial”, expre­só.

El Magistrado pre­si­den­te, Víctor Vivas Vivas, dijo haber reci­bi­do la noti­fi­ca­ción del Congreso local ayer por la maña­na y afir­mó que pro­ce­de­rá a entre­gar la infor­ma­ción soli­ci­ta­da.

Los docu­men­tos a entre­gar son los infor­mes sobre la eje­cu­ción y super­vi­sión del pro­gra­ma anual de audi­to­ría inter­na, la cual tiene obli­ga­ción de infor­mar al pleno, tam­bién tres nor­ma­ti­vi­da­des mis­mas que debe expe­dir y publi­ca en el Periódico Oficial del Estado; que­jas y denun­cias que se pre­sen­tan en con­tra de los magis­tra­dos y emple­a­dos del Tribunal, la otra res­pec­to a la nor­ma­ti­vi­dad que se debe expe­dir y publi­car para esta­ble­cer meca­nis­mos para difun­dir la obli­ga­ción de pre­sen­tar ante la pro­pia con­tra­lo­ría inter­na la decla­ra­ción patri­mo­nial de los ser­vi­do­res públi­cos de ese orga­nis­mo así como la nor­ma­ti­vi­dad rela­cio­na­da con sus fun­cio­nes inhe­ren­tes a su labor. (Fuente: El Quintanarroense)

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