En una conferencia de prensa, seis de los ocho propietarios de las empresas constructoras manifestaron su preocupación por los atrasos en sus pagos, pero aclararon que su intención no es confrontarse y tampoco politizar este tema.
Cristian McLiberty de la empresa Consorcio Transnacional para Reciclado Urbanizaciones y Edificación, S.A. de C.V.; Miguel Ángel Carrera, de Halcón Obras Civiles, S.A. de C.V.; Silvia Sosa, de Inmobiliaria Cumbres de Yucatán, S.A. de C.V.; Víctor Arcienega, de Macún, S.A de C.V.; Rubén Morón, de Rubher Asociados, S. de R.L. de C.V y Russel Herrera, de LVHS Edificaciones del Caribe, S.A. de C.V. son los que ofrecieron esta conferencia de prensa y explicaron que las obras que hicieron fue de pavimentación y construcción de pozos en las regiones 68, 76, 97, 99, 100, 101, 102 y 103, obras que ya acabaron y que les ha descapitalizado y les ha cerrado hasta los créditos debido a que no han podido pagar a sus proveedores.
Esto, también, les ha llevado a despedir a 300 trabajadores, por lo que enfrentan cinco demandas de proveedores e igual número de trabajadores, mismas que han contestado.
Por ahora, no tienen manera de cómo invertir, no tienen capital y apoyarse, por lo que buscan un acercamiento con el gobernador ya que con su secretario de Hacienda o personas cercanas a él, no han podido encontrar una solución.
Los empresarios locales que se dedican a la industria de la construcción desde hace más de 20 años, aclararon que no pertenecen a ningún partido político y en su momento han trabajado con los diferentes gobiernos electos que se han generado en Benito Juárez y otros municipios, “por lo que sólo pretendemos cobrar nuestro trabajo”, señalaron.
Los constructores sólo piden que el gobernador del estado, los escuche y están dispuestos irlo a buscar a Chetumal, en donde han estado hasta por cuatro horas para ser atendidos por los funcionarios estatales.
Confían en tener una respuesta favorable por parte de las autoridades estatales, pero al cuestionarles qué harían si el gobernador no les diera una respuesta, señalan que no han definido esa parte, y lo deberán platicar los ocho empresarios, “pero desde luego sería a lo mejor ir y plantarse a su oficina”.
Dijeron que han trabajado en otras administraciones y sí hay atrasos pero no había pasado lo que ahora, es demasiado.
Sí tenemos la intención, de que si no tienen respuesta, van a solicitar el apoyo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) o en su caso hacer un plantón y ya han estado cuatro horas en las oficinas de la Secretaría y quieren una respuesta concreta.
En un comunicado señalaron que el pasado mes de octubre del 2012, participaron en las convocatorias de licitación pública del Ramo 23, donde los recursos de dicho ramo son aportados por la Federación para el apoyo de la infraestructura de los municipios, pero el estado es el que recibe el dinero y se encarga de pagar a los contratistas.
Dichos recursos están etiquetados y existen, según lo declarado en el contrato por el ayuntamiento de Benito Juárez, en representación del gobierno del estado, esto en el inciso f: “Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el gobierno del estado libre y soberano de Quintana Roo cuenta con el 100 por ciento de los recursos disponibles y suficientes provenientes del convenio para el otorgamiento de subsidios (R23) programas y proyectos para la infraestructura pública y equipamiento, correspondientes al oficio de validación número DPCGI-CEE-0067 de fecha 15 de julio del 2012, expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social”.
Los trabajos que se hicieron fueron de terracerías, pavimentación de calles con concreto hidráulico y construcción de pozos pluviales en varias regiones y supermanzanas.
La ejecución de los trabajos se llevó a cabo del 4 de septiembre del 2012 al 2 de noviembre del 2012, y los anticipos para dicha obra los recibieron terminando el periodo de ejecución, a pesar de que en el contrato se especifica que lo tenían que haber recibido al inicio de dicho periodo.
Después recibieron un segundo pago a finales de diciembre del 2012 y hasta la fecha no han podido cobrar el saldo que se les adeuda, a pesar de haber entregado y terminado al 100 por ciento las obras en que participaron. (Fuente: El Periódico)