Para empezar, se pidió que el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo entregue al Senado de la República una copia de la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún, así como un informe sobre el sustento para la aprobación de la obra.
La zona donde se desarrollará el proyecto, está cercana al Área Natural Protegida (ANP) No. 347,
Arrecife de Puerto Morelos, que se caracteriza por presentar un relieve muy escaso y por la ausencia de ríos superficiales, resultado de la naturaleza kárstica del terreno, en la costa predomina una diversa vegetación de humedales.
Por otra parte, los senadores conminaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar acerca del estatus del procedimiento, en caso de que se hubiere establecido, sobre la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la construcción y operación del Centro Comercial y obras asociadas en Cancún.
La autorización del gobierno de Quintana Roo a la construcción del proyecto, se dio a conocer públicamente, en el sitio del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) de Quintana Roo, dentro del archivo título proyectos autorizados en materia de impacto ambiental correspondientes al mes de septiembre de 2012, asignado a la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. de C.V., con objeto de la Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas, y con una vigencia de 2012 a 2014.
En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deberá presentar un reporte sobre las denuncias presentadas por la construcción del Centro Comercial, así como del estatus de los procedimientos y visitas de inspección que se hayan realizado.
En el dictamen avalado, los senadores destacaron que la construcción del Centro Comercial, proyectada en el municipio de Benito Juárez, consta de un conjunto de arquitectura oriental con pabellones mercantiles de 113 hectáreas, naves industriales, tres mil locales y bodegas, una zona inmobiliaria de más de 28 hectáreas con 722 casas y conjuntos habitacionales, sobre una superficie total cercana a 562 hectáreas.
En ese sentido, resaltaron que para la construcción se precisan estudios que indiquen el impacto real que dicha obra provocará en la zona, por lo que es importante llamar a instituciones de educación superior de vasta experiencia y amplio prestigio, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, para que lleven a cabo estudios de diagnóstico y recaben pruebas necesarias en la región.
Advirtieron, además, que el Gobierno de Quintana Roo, a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, debe informar si se cumplió el procedimiento de evaluación del impacto ambiental establecido en la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del estado, hacer pública la Manifestación de Impacto Ambiental y los acuerdos que hubiera suscrito con la empresa encargada de la construcción del Centro comercial o con alguna de las empresas relacionadas con el proyecto. (Con información del Senado)