COZUMEL, MX.- Mientras Cancún es el escenario de una encarnizada ‘guerra sucia’ entre el Ayuntamiento del perredista de Benito Juárez y el Gobierno priista de Quintana Roo, de cara a las votaciones del próximo 7 de julio, Roberto Borge hizo como si no pasara nada y se reunió este día en Cozumel con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Orellana Moyao, con quien abordó “temas generales de coordinación” durante el actual proceso electoral..

En la reunión, Borge “ratificó el compromiso de continuar, como hasta hoy, con estricto apego a la ley”, además, según el mismo comunicado, en estas elecciones para renovar el Congreso y diez presidencias municipales, ofreció la garantía de que respetará el sufragio libre en los procesos electorales de los tres ámbitos gubernamentales, “para favorecer a la democracia!”.

Sin embargo, los pronunciamientos del Gobernador contrastan con hechos y denuncias que apuntan a una clara intensificación de la ‘guerra sucia’ contra el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de programas electoreros y acciones que violentan la autonomía municipal, pero también por la aparición de ‘propaganda negra’, volantes y libelos para denostar a las autoridades locales y actores políticos adversarios del PRI, además de usar todos los medios impresos y electrónicos a su servicio para atacar al Alcalde Julián Ricalde y difundir, por lo contrario, acciones y comunicados oficiales del Gobierno y del Partido Revolucionario Institucional.

Durante el encuentro entre el Gobernador y el funcionario federal se destacó que, por su naturaleza, la FEPADE “es un órgano especializado de carácter técnico y no político, de tal forma que sus tiempos de operación responden a la integración responsable y apegada a Derecho de las indagatorias que lleva y llevará al cabo, más allá de la coyuntura política”.

Las acciones que promueve y emprende la FEPADE para proteger las garantías del ciudadano en elecciones son la prevención del delito, el blindaje electoral, la cultura de la denuncia y la capacitación. (Con información del Gobierno de Quintana Roo)

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