Guadalupe Álvarez, presidenta de dicha organización, se quejó de que un guardia pretendió impedirle el paso a ese sitio para que tomara fotografías, con la finalidad de demostrar las afectaciones que han dejado las obras del proyecto turístico.
“Nos dimos a la tarea de ir a dicho lugar por la zona federal marítima terrestre, en los 20 metros que todos los mexicanos tenemos derecho a disfrutar sin ser perseguidos, pero ayer, cuando tomábamos fotos de ese predio, fuimos perseguidos por un vigilante”, explicó.
La dirigente de Citymar dijo que la organización cuenta con imágenes tomadas antes de que iniciaran las obras, con lo que demostrarán ante las autoridades que “el camino era normal y que a los lados tenía un manglar de la especie botoncillo, que ya fue talado totalmente, así como una pequeña laguna que ya fue rellenada por lo que la obra de destrucción sigue adelante”.
En la ampliación de denuncia, la ecologista cuestiona que la delegada de la Profepa, Ludivina Menchaca, no haya tomado medidas para detener las obras, que incluyen el relleno de arena.
“La Profepa no actúa conforme a la ley”, dijo, y al parecer la delegada –añadió– está esperando que Borge Martín obtenga los permisos necesarios para continuar con las obras en la denominada Punta Francesa, localizada en el kilómetro 16.5, sin importar que se violen las leyes ambientales.
De acuerdo con Álvarez, el director del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Ricardo Gómez Lozano, le informó que el pasado martes 16 también presentó un recurso ante la Profepa “con las fotos de la maquinaria”.
La versión del gobierno estatal
De acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, la denuncia de Citymar no tiene sustento porque “no es zona de manglares, no se está llevando a cabo ninguna destrucción de manglar y no se está construyendo playa artificial alguna”.
En un comunicado hecho llegar a esta redacción, sostiene que el gobernador de Quintana Roo “es y ha sido siempre promotor del respeto a las leyes ambientales” y que “uno de los ejes de su gobierno el “Eje Verde” establece las políticas públicas relacionadas con la protección del medio ambiente”. (Fuente: Proceso)