CANCÚN, MX.– El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, dio a conocer que aún con la decisión de la presidencia municipal de Benito Juárez, de negar los permisos al proyecto Dragon Mart, el organismo continuará con las acciones legales para frenar por completo el desarrollo mercantil de origen chino.
El organismo ambiental sostuvo que el proyecto incumple con criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico de Benito Juárez, así como con el Reglamento de Construcción aplicable.
Además de las dos consideraciones anteriormente señaladas, otros de los argumentos que en su momento expusieron académicos, representantes de organizaciones ambientales, así como integrantes de cámaras industriales y de comercio, son: el proyecto presenta diferencias en planos y coordenadas de la construcción, lo que no permite definir las obras reales que se pretenden llevar a cabo; existen también inconsistencias en las superficies reales de las Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) con respecto al plano general de siembra con UGAS, lo que impide saber la ubicación real de partes del proyecto y su viabilidad.
De igual manera, el proyecto presenta inconsistencias en las superficies de viviendas lo que hace imposible determinar la viabilidad de dichas obras.
Por otro lado, se destacó la falta del documento oficial de recepción de desistimiento de planta desalinizadora y, en consecuencia, la presentación de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en donde se demuestre de qué forma se piensa resolver el tema de suministro y tratamiento adecuado del agua.
Este documento resulta fundamental, puesto que hasta que no se presente oficialmente a las autoridades competentes, el proyecto Dragon Mart Cancún sigue careciendo de la Autorización de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el establecimiento de una planta desalinizadora.
Quienes nos dedicamos desde hace 20 años a promover la defensa legal del medio ambiente y los recursos naturales apoyamos la decisión del presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, al haber mostrado apertura y transparencia para recibir información, estudios y argumentos sólidos por parte de expertos y sociedad civil comprometida y que haya finalmente tomado la decisión acertada de no otorgar la licencia de construcción”, señaló Gustavo Alanis Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Añadieron las organizaciones de la sociedad civil que se espera el mismo compromiso y responsabilidad por parte del gobierno de Quintana Roo, así como de la Semarnat, quienes claramente debieron, y en su caso deberían de intervenir, dada la magnitud del proyecto y los impactos que tendría sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán y del Area Natural Protegida, Arrecife de Puerto Morelos.
Finalmente, las organizaciones firmantes reiteran su compromiso con la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental así como el estar a favor del desarrollo, el crecimiento, la inversión, la creación de empleos en el país y que sean respetuosos del marco legal que les es aplicable así como de nuestro muy preciado capital natural. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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