CHETUMAL, MX.- Blanca Imelda Avila Várguez, actual subprocuradora de Justicia de la Zona Centro, fue señalada también como la responsable de la muerte del agente del Ministerio Público Miguel Angel Vera Flores, con quien se ensañó cuando fungía como directora general de Consignación y Trámite de la misma dependencia, según la demanda promovida por la viuda, Mily Maribel Canto Montero.
De acuerdo con información exclusiva que el reportero logró conseguir, la funcionaria es acusada del delito de Homicidio Calificado en contra de Vera Flores, cuya esposa afirma en la ampliación de declaración de la Averiguación Previa 1410/11-2011 que Avila Várguez, además de iniciarle un proceso administrativo, le giró una orden de aprehensión, la cual al ser ejecutada por Policías Judiciales derivó en la muerte de su esposo, pues lo golpearon salvajemente.
De acuerdo con la declaración de Mily Maribel Canto Montero, desde el año 2007 su esposo trabajaba como agente ministerial responsable de la Unidad de Trámite III, bajo el mando de Marco Antonio Alvarez Trejo como director general de Averiguaciones Previas.
Abundó que en marzo de 2009 Alvarez Trejo le ordenó que le tomara declaración a Arnaldo Aarón Aguayo León, probable responsable del delito de abuso sexual cometido en agravio de su propia hija, en ese momento menor de edad, C.V.A.C., lo cual constaba en la averiguación previa ZS/CHE/01/SD/527/2-2009, tras la denuncia de la esposa del inculpado C.C.F.
Según el expediente, el director Alvarez Trejo le dio indicaciones al agente ministerial Miguel Angel Vera Flores de que únicamente le tomara la declaración al señalado y que se la hiciera llegar de inmediato, lo que así sucedió sin problema, pues el trabajador acató una indicación de su jefe directo.
Sin embargo, pasaron los días y el agente no supo más. Posteriormente, el 15 de julio del año 2010, fue citado a declarar mediante el oficio PGJE/DP/VG/1178/2010, pues la Visitaduría General le había iniciado un Procedimiento Administrativo Disciplinario, el cual quedó asentado con el número VG-ZS-029-05-2010.
En la diligencia se le notificó al agente que se hizo acreedor del expediente, toda vez que en la integración del expediente ZS/CHE/01/SD/527/2-2009 había omitido procedimientos importantes como los estudios psicológicos y otros dictámenes que no estaban en la investigación.
Lo anterior, dijo, asombró a su esposo, quien aseguró que en esa investigación sólo había tomado la declaración del inculpado. Sin embargo, dicho expediente ya había sido integrado y resultado el No Ejercicio de la Acción Penal, pues aparentemente se falsificaron firmas de varios agentes ministeriales para el resolutivo.
La denunciante manifestó que para el acusado de abuso sexual terminó el problema. Sin embargo, para su esposo continuaron, toda vez que con fecha 7 de diciembre de 2010 la entonces directora general de Consignación y Trámite, Blanca Imelda Avila Várguez, le notificó a través del oficio PGJE/DP/VG/1934/2010 la sanción administrativa consistente en la destitución del cargo de agente del Ministerio Público del Fuero Común.
La mujer abundó que su esposo presentó su recurso de Nulidad ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, el cual quedó radicado en el expediente S.C.A./A/002/2011. Sin embargo, antes de que se diera el resolutivo, la directora Avila Várguez le notificó que debía abandonar el puesto y que se le prohibía entrar a la Procuraduría.
Enfatizó que la pelea de expedientes y nulaciones continuó, hasta que en marzo de 2011 amigos de su esposo le notificaron “que tuviera cuidado, pues la directora (Blanca Imelda) ya había conseguido una orden de aprehensión en su contra y que los judiciales lo aprehenderían”.
Asimismo, la denunciante relató que su esposo se mantuvo en su domicilio, ubicado en la calle Yaxcopoil, manzana 330, lote 14, entre Constituyentes y Calle 12 de Octubre, en la colonia Proterritorio. Manifestó que a partir de ese día siempre notaron que automóviles rondaban la vivienda y que incluso había una que se mantenía a una esquina, y vigilaba todo lo que hacían.
Mily Maribel Canto Montero comentó en su ampliación que el 23 de marzo de 2011 estaba en casa de sus padres, en la calle Salvador Alvarado 273, entre Belisario Domínguez y Lucio Blanco, en la colonia Adolfo López Mateos, cuando su padre le pasó una llamada a la vez que preguntaba “Miguel, ¿qué te pasa?”.
Dijo que tomó el teléfono y escuchó a su esposo que se quejaba y que estaba muy mal, por lo que regresó a su domicilio en donde encontró muy golpeado a su pareja. Al preguntarle si habían sido judiciales quienes lo agredieron afirmaba con la cabeza. Mencionó que los vecinos dijeron que personas, al parecer judiciales, entraron por el techo, lo sacaron de su casa, lo subieron al segundo piso y lo arrojaron desde ahí.
En cuestión de minutos trasladaron al lesionado a la Clínica Carranza, en donde le sacaron sangre coagulada, y al ver que seguía vomitando sangre lo enviaron al Hospital General, en donde lo estabilizaron y lo enviaron a Mérida, Yucatán. Durante el viaje en la ambulancia se percató de que una camioneta de Seguridad Pública los custodiaba.
Al solicitar información con amigos de su esposo en la Procuraduría, le notificaron que es que el expediente en contra de su esposo ya se había consignado al Juzgado Primero Penal, por lo que ahora estaba bajo custodia de personal del entonces Centro de Readaptación Social (Cereso).
La fémina afirmó que los oficiales permanecieron custodiando a su esposo en todo momento, desde el 23 de marzo hasta el 9 de abril de 2011, fecha en la que ocurrió el fallecimiento.
Una vez dada la cristiana sepultura a su esposo, la mujer presentó la querella correspondiente en contra de la ahora subprocuradora, de 11 personas más y en contra de quienes resulten responsables, por lo que se inició el Acta Circunstanciada AC/ZS/CHE/01/SD/212/4-2012, la cual se elevó a Averiguación Previa el 11 de noviembre de ese mismo año, quedando asentada con el número 1410/11-2011.
Cabe señalar que dentro de las 11 personas también señaladas está el entonces director general de Averiguaciones Previas, Marco Antonio Alvarez Trejo.
La ampliación de declaración se realizó el 29 de septiembre de 2012, y debido a que no se integraba, la denunciante Canto Montero interpuso una queja ante la Visitaduría General en contra de Blanca Imelda Avila Várguez, la cual quedó registrada con el número DJ-043/2012. (Fuente: Diario de Quintana Roo)
