El litigante no sólo solicitó juicio político contra los magistrados, cuatro de los cuales ya fueron removidos, sino también contra el gobernador Roberto Borge por permitir que estos impartidores de justicia rebasen el límite de 12 años marcado por las leyes del estado.
“Desde el momento que su servidor se atrevió a denunciar mediante juicio político al Ejecutivo y a magistrados del Poder Judicial, las presiones sobre mi persona y familiares son constantes. A tal grado que recibo amenazas vía telefónica”, señaló en un escrito dirigido a Aguilar Ortega.
Advirtió que de continuar la ofensiva del gobierno del estado en su contra procederá a crucificarse frente a la sed el Congreso del estado, el próximo 6 de julio, un día antes de las elecciones para renovar los ayuntamientos y la Legislatura.
“Si el deseo del estado es llevar a cabo una crucifixión contra mi persona, no les daré el gusto, un día antes de las elecciones estatales, procederé a crucificarme frente al edificio, donde se encuentra nuestro Congreso”, advierte el litigante.
Alpuche cuestionó que el Congreso haya declarado improcedente la demanda de juicio político contra el gobernador y los magistrados.
Pero, además, manifiesta que tampoco ha sido notificado del resultado de esta demanda de juicio político, a pesar de que de que acudió personalmente a la sede del Congreso del estado de manera formal el resolutivo a su demanda de juicio político.
Y cuestionó: “¿Acaso es temor o contubernio entre los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial de Quintana Roo para no cumplir ni hacer las leyes que de la Constitución emanan y, con ellos siga la impunidad imperando en nuestro estado?”. (Fuente: Proceso)