El entrevistado afirmó que el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dio razón al estado de Campeche ni quitó territorio a Quintana Roo, como se algunos quisieron malinterpretar, y que se agotarán los recursos previstos para que se dé la buena administración de justicia.
Aseguró que la controversia limítrofe 9/97 y 13/97 iniciada por la indebida creación del municipio de Calakmul, que invadió una esfera constitucional, rompió el pacto federal y lo que hoy se ha dado a conocer no es el fondo de la controversia, sino que simple y sencillamente es por la devolución de los documentos originales que de manera indebida e ilegal el senador Ernesto Cordero, en su calidad de presidente del Senado, negó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Nosotros hemos apelado y lo seguiremos haciendo, y acataremos de la A a la Z lo que diga el alto tribunal, porque es el garante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, afirmó.
Aseguró que el senador Ernesto Cordero no solo cometió una omisión, si no incurrió en una obstrucción a la justicia y los delitos se pagan, pues incluso se puede pedir que se le inicie un proceso de juicio político.
Agregó que el estado de Quintana Roo no puede estar subordinado a ningún tipo de intereses y mucho menos políticos, “ya que nos hemos ajustado a la legalidad en todos los actos de Gobierno que encabeza el licenciado Roberto Borge Angulo”.
En este contexto dijo que se harán uso de todos los recursos legales que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la controversia con el estado de Campeche, “pues todo mundo sabe que existe un proyecto a favor de Quintana Roo”.
Recalcó que la situación se derivó del hecho de que el senador Ernesto Cordero, del Partido Acción Nacional, ordenó dar por concluido el asunto y enviarlo al archivo, lo que es a todas luces un acto ilegal.
“Primero porque el asunto no se concluyó de manera legal ni existe resolución de fondo y, segundo y más importante, porque esa determinación del senador Cordero la realizó sin tener en su momento la competencia constitucional respectiva, toda vez que la Constitución retornaba a la SCJN, la competencia en esa materia, por lo que el acto es infundado y en el fondo constituye una verdadera obstrucción a la administración de justicia”.
“Estamos plenamente seguros de que la SCJN, responderá a su función constitucional de administrar justicia, pese a la negativa del senador Cordero de remitir los originales que en su momento le solicitó la Corte”, dijo.
Insistió en que el acuerdo de la SCJN es meramente incidental y de trámite pero no de fondo y que el uso de los recursos legales permitirá colaborar en una adecuada administración de justicia.
(Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)