50 muertos al mes en Quintana Roo… y Gaspar Armando García Torres “no confiable” – Por Carlos Cantón Zetina

Domingo 21 de Julio de 2013

REPROBÓ EL PROCURADOR  DE Q.R.

CARLOS CANTÓN ZETINA*

c arlos_cantonz@hotmail.com

Dos malas noticias para Quintana Roo provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que depende de la Secretaría de Gobernación federal:

1.- En el estado hay un brutal incremento en el número de delitos del fuero común  en los primeros seis meses de este año, es decir, de enero a junio.

2.- El procurador de Justicia del estado, Gaspar Armando García Torres, y el subprocurador en la Zona Sur, José Antonio Nieto Bastida,  reprobaron  los exámenes de evaluación y control de confianza.   No son confiables.

La criminalidad en Quintana Roo va a la alza. Las cifras oficiales respecto a las denuncias formuladas ante agencias del Ministerio Público reflejan el baño de sangre en el primer semestre. De  un total de 17.713,  se trata de  311 homicidios (119 dolosos y 192 culposos).  Más de 50 muertes al mes. Y aparte están los asesinatos que no son denunciados.

Robos: 6.990. Secuestros: 8. Delitos patrimoniales: 3.674. Delitos sexuales (violaciones): 249.  Igualmente no incluye las “cifras negras”, es decir, el gran número de casos que no llegan ante el MP.  Así, la cantidad real de delitos bien podría ser el doble.

Ojo: todos estos delitos son del ámbito del fuero común. O sea, los que deben atender los gobiernos estatal y municipales en Quintana Roo, no la Federación. Ver:

En cuanto a García Torres y Nieto Bastida,  debían ser destituidos.  La ley General del Sistema  de Seguridad Pública,  en los artículos 107 y 108,  determina   la separación inmediata de los elementos no aprobados. Mucho menos serán cesados después de que, en el proceso electoral, contribuyeron a la compra de votos a favor del PRI.

Ninguno de los dos responsables de la procuración de Justicia en el estado aprobó los  estudios a que obliga el artículo 85  del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.  Consisten en  evaluaciones: médica,   toxicológica,   de aptitudes físicas,  psicológica y   poligráfica;   del entorno social y situación patrimonial,   y evaluación del desempeño.

García Torres aplica la Ley del Embudo, pues ha despedido a cientos de policías judiciales que no han salido bien  librados de los exámenes ¡que él mismo reprobó en su calidad de alto mando!.   A los agentes  no les ha dado otra oportunidad, como sí se le otorgó a él.

El polígrafo es una de las pruebas que se realizan como parte de los exámenes de control de confianza que se aplican en México. En cuanto a las demás pruebas de confianza,  tiene un mayor peso el entorno social y la evaluación toxicológica pues la corrupción y las adicciones llevan a muchos funcionarios y policías a tener contacto con el crimen organizado y ser parte de ellos.

Y porque García Torres y Nieto Bastida fueron reprobados, se comprometieron los recursos que proporciona el gobierno federal a Quintana Roo: el Programa de Apoyos para la Seguridad Pública (PROASP) y el Subsidio para Policías Acreditados (SPA).

Así, el pueblo resulta doblemente perjudicado: los más altos funcionarios de la PGJE están bajo sospecha y la Federación limita los recursos en apoyo a la seguridad pública y procuración de justicia de todos los quintanarroenses.

La licenciada Luz del Carmen Díaz Galindo, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), envió a Borge Angulo el  oficio  SESNSP/CNCA/1113/2012  con fecha 16 de mayo de 2012. El asunto: “Evaluaciones Altos Mandos  Estatales”.   Allí se sugiere un nuevo examen al procurador y subprocurador, en vista de los malos resultados del que se les practicó originalmente.

El Centro depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del gobierno federal.

El oficio, cuya copia está en poder de este periodista, establece textualmente:

“En referencia al cumplimiento de los requisitos para el acceso a los subsidios SPA y PROASP, me permito informarle  que en el ánimo de avanzar con este  tema,  se solicitó  apoyo al Centro de Evaluación y Control y Confianza de la Procuraduría General de la República para la revisión de los expedientes de evaluación  de los CC. Gaspar Armando García Torres, Procurador General de Justicia y José Antonio Nieto Bastida, Subprocurador de Justicia Zona Sur, conforme a los criterios presentados en la Trigésima Segunda Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado 29 de febrero, derivado del análisis realizado se sugiere la reevaluación para actualizar resultado, en caso de que así lo determine se requiere realizar solicitud a través de oficio de estilo dirigido al Mtro. Rogelio López Maya, Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República para su programación, con copia a este Centro Nacional”.

El documento  fue mandado con copia a Lic. José  Óscar Vega Marín, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Mtro. Rogelio López Maya, Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR, y Lic. Alberto Álvarez Torres, Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Si tal oficio   (de suma gravedad para el estado) no le preocupó al gobernador priista Roberto Borge, Nerón… pues mucho menos al no-confiable procurador García Torres.

Transcurrieron dos largas semanas, a partir del oficio de la  titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, Díaz Galindo,  para que el procurador quintanarroense  enviara a Borge el mismo documento que éste ya había recibido.  O sea, como  el Tío Lolo…

Con fecha 30 de mayo de 2012, García Torres  le envía el original del oficio a Manuel Valencia Cardín, secretario particular de Borge,  “para los efectos que el C. Gobernador tenga a bien considerar”.  En el documento (una copia también está en manos del autor de esta columna), el procurador    reconoce que la funcionaria  Díaz Galindo “recomienda se solicite una nueva evaluación de un servidor y del Subprocurador de la Zona Sur”.

Pero no debe extrañar que García Torres y su subalterno Nieto Bastida no hayan aprobado los exámenes de toxicología y sicológicos, entre otros.

El 3 de abril pasado, la organización Causa en Común publicó  cifras que detallan el avance que llevan las entidades de la república en la evaluación de sus corporaciones policíacas realizadas en los Centros Estatales de Control de Confianza. El resultado: Quintana Roo sólo ha  evaluado a 10%  de su personal.  Ver:

Significa que la población está “protegida” por funcionarios y agentes policiacos de dudosa reputación, pues no han sido sometidos a los exámenes de rigor.

En varias ocasiones, el secretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Bibiano Villa Castillo (El Matazetas) se ha ufanado  que no se ha sometido a los estudios del SNSP porque “no tiene caso”.  Le vale un carajo demostrar si es confiable o no para la ciudadanía.