‘Ajustes’ en el Gobierno de Borge, por la dura situación financiera en QR debido al déficit fiscal y endeudamiento

CHETUMAL, MX.- A la reducción del gasto operativo de la administración pública, el Gobierno del Estado sumó el alza del Impuesto sobre Nóminas, como complemento de una dura medicina que pretende reducir la alta presión que tienen las finanzas públicas a causa del crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública.

La aprobación “fase track” en el Congreso del Estado del aumento de 2 a 3 por ciento en la tasa del Impuesto sobre Nóminas es una medida que pretende aumentar la recaudación propia del Estado, ante el escenario de una carga pesada de compromisos de pago sin cubrir que se vienen arrastrando de varios años atrás y una creciente deuda pública, que hace necesario reducir los gastos operativos e incrementar los ingresos propios para disminuir el déficit fiscal.

El Gobierno del Estado ya había anunciado que generaría ahorros al refinanciar a largo plazo sus actuales créditos a corto plazo por 4 mil 984 millones de pesos, como medida que le permitirían liberar 300 millones de pesos anuales que de otra manera estarían comprometidos al pago de esos créditos, a fin de que en el corto plazo sus finanzas no tengan presión por los vencimientos mensuales ante los bancos.

Posteriormente, se anunció la desaparición de dos secretarías y ocho organismos descentralizados de la administración pública estatal, medida que supuestamente generará ahorros por 200 millones de pesos en reducción de gasto operativo; lo mismo que se supone que se obtendrán ahorros por 188.6 millones de pesos con la reducción que aplicará el Gobernador a su sueldo y al de los funcionarios del Poder Ejecutivo; medidas que también fueron avaladas con reformas aprobadas por el Congreso.

Sin embargo, ante la situación de presionada de las finanzas estatales, tales medidas no son suficientes para garantizar que se supere el déficit fiscal del Gobierno del Estado, por lo que ahora se aplicará un incremento al Impuesto sobre Nóminas de 2 a 3 por ciento, que se supone generará ingresos propios adicionales de 270 millones de pesos al erario estatal, con su aplicación a partir de este mismo año, apenas se publique el decreto de la reforma a la Ley de Hacienda.

Otras medidas que se han conocido son la eliminación de las dobles plazas en las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, del cual hasta el momento no se conoce cuál es el monto del ahorro.

Sin embargo, a diferencia de las acciones para reducir el gasto operativo del gobierno, el aumento del Impuesto sobre Nóminas impacta directamente sobre los contribuyentes, en este caso empresas asentadas en la Entidad, que resentirán el aumento de sus gravámenes en el último cuatrimestre del año.

El origen del problema

Las acciones están encaminadas a quitar la presión sobre las finanzas del Estado, que al haber aumentado a mayor ritmo su gasto público desde el 2007 por encima de sus ingresos, se ha visto sometido por un déficit que al finalizar el año 2012 era de 4 mil 800 millones de pesos.

Tales déficits han sido cubiertos anualmente desde el 2007 con créditos de largo y corto plazo, que han llevado a que la deuda pública directa del Estado pase de mil 687 millones de pesos en ese año a 15 mil 954 millones de pesos en el año actual, que será la cifra a la que llegará con
el refinanciamiento de 4 mil 984 millones de pesos aprobado el pasado mes de julio.

Debido a esta alta presión sobre sus finanzas, que podría comprometer su capacidad de brindar los servicios que le corresponden y realizar inversiones públicas proyectadas, la administración encabezada por Roberto Borge Angulo ha iniciado la aplicación de medidas de ajuste financiero con el propósito de liberar flujos de participaciones federales e ingresos propios del Estado.

Adicional a la presión del costo del servicio de los créditos de corto plazo, están las obligaciones de pago sin costo que el Estado ha venido acumulando desde el 2012, que son deudas que a diferencia de los créditos bancarios no generan intereses, pero que se duplicaron a lo largo del 2012 y al cierre del primer trimestre del 2013 ya superaban los 3 mil millones de pesos.

Estas obligaciones de pago son principalmente por adeudos con proveedores del sector empresarial, contratistas de obras, entidades del sector paraestatal, dependencias, comprobaciones de gastos de empleados y anticipos de ingresos federales.

Por ejemplo, a proveedores se debían 503.5 millones de pesos y a contratistas de obras públicas, 483.4 millones de pesos, a los cuales en los primeros meses del año se hicieron mínimos abonos.
Asimismo, en los primeros tres meses del año el Estado debía aportaciones y participaciones, así como transferencias a municipios y entidades de la administración pública, por arriba de los 2 mil millones de pesos.

Esta diferencia entre ingresos y egresos, en el que las percepciones no son suficientes para cubrir los gastos de la administración pública estatal, ha generado desde el año pasado un creciente déficit financiero a la Entidad, que al finalizar el año 2012 fue de 4 mil 888 millones de pesos, conforme a la información que dio a conocer la calificadora Fitch el pasado mes de mayo.

Ese creciente déficit financiero es el que ha cubierto parcialmente el Estado con créditos a corto plazo, y fue el principal motivo por el cual la empresa Fitch redujo la calificación crediticia de Quintana Roo, haciendo la advertencia de que a lo largo del año podía crecer el uso de “créditos puente” para cubrir los faltantes de ingresos y saldar parte de las obligaciones de pago acumuladas desde el año pasado, generando una presión que haría difícil al Estado cumplir sus servicios e inversiones públicas proyectados.

Conforme a lo que la calificadora Fitch ha establecido, el traslado a largo plazo de los créditos a corto plazo no será suficiente para reducir la presión sobre las finanzas del Estado, sino sólo es una parte del tratamiento a seguir, ya que la otra es la reducción del gasto operativo, que ha crecido a un ritmo más grande que los ingresos de la Entidad, sobre todo cuando se crearon dependencias al final de la administración de Félix González Canto.

Hasta el momento, las medidas de austeridad tomadas por el gobierno de Roberto Borge Angulo desde el 2011 se habían reflejado en el congelamiento de sueldos, que sólo subió por el incremento negociado dentro del contrato colectivo con los trabajadores de base, y la disminución de las compensaciones por estímulos a la productividad, pero el gasto generado por la creación de nuevas dependencias en el sexenio anterior descompensó estos esfuerzos.

Ahora, conforme a las nuevas medidas, se harán acciones como controlar tabuladores de sueldos, congelar plazas, fusionar áreas o dependencias, eliminar el pago de honorarios (asesores), además de aumentar los ahorros en combustible, papelería y otros materiales.

Sin embargo, conforme a lo aprobado este martes por el Congreso del Estado, las medidas de austeridad no son suficientes y el Gobierno del Estado decidió incrementar sus impuestos propios, en específico el Impuesto sobre Nóminas, que pagan principalmente las empresas sobre el monto de los salarios que remuneran a sus empleados.

Peso de la deuda

Pero además de los compromisos de pago pendientes del Gobierno del Estado, está el peso de la deuda pública directa que ha crecido de manera constante desde el 2001, en el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, pero de manera más acelerada desde el 2007, en el gobierno de Félix González Canto, ya no como una medida para obtener ingresos extraordinarios como estrategia de desarrollo, sino como recurso para cubrir los crecientes déficit fiscales de la administración estatal.

Sobre la deuda, las calificadoras advertían que a partir del próximo año la situación financiera del Estado podría volverse insostenible, porque el 2013 es el último de los años de gracia en los que se encuentran 10 mil 970 millones de pesos de la deuda a largo plazo, por lo que después de diciembre el Estado tendrá que comenzar a pagar a los bancos las amortizaciones mensuales por estos préstamos.

Conforme a los datos de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, el gobierno de Mario Villanueva Madrid dejó una deuda pública de largo plazo de 330 millones 752 mil pesos; el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz la elevó a mil 651 millones 102 mil pesos, aunque con los pagos que hizo al salir la dejó en mil 257 millones de pesos; y la administración de Félix González Canto dejó un saldo a largo plazo de 6 mil 562 millones 617 mil pesos.

Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, el gobierno de Félix González Canto dejó, además, deuda a corto plazo por más de 4 mil millones de pesos a su sucesor, Roberto Borge Angulo, que como consecuencia tuvo que refinanciar la deuda pública en el primer año de su gobierno, en septiembre de 2011, para aplazar los pagos de la deuda a largo plazo que se tenía entonces, que era de 5 mil 434 millones 458 mil 407 pesos, pero además cambiar a largo plazo un saldo de 5 mil 293 millones 532 mil 736 pesos de créditos a corto plazo que apretaban sus finanzas mensuales al iniciar su mandato.

Así, la deuda pública a largo plazo del Gobierno del Estado se ubicó en los 10 mil 970 millones de pesos, saldo que se tenía hasta diciembre del 2012, pero como el déficit financiero de la administración estatal no ha cedido y tampoco pudo conseguir los 2 mil 500 millones de pesos en préstamos de la Bolsa de Valores que le autorizaron contratar, la administración de Roberto Borge Angulo no ha pudo librarse en el primer semestre del año de la dependencia respecto a los créditos a corto plazo.

Por eso, los créditos a corto plazo han alcanzado los 4 mil 984 millones de pesos y el Gobierno del Estado los refinanciará a largo plazo para no tener que quedarse más corto de dinero en los siguientes meses por la presión de los vencimientos.

Sin embargo, con esta operación de refinanciamiento, la deuda pública a largo plazo del Estado se elevará a la cifra de 15 mil 954 millones de pesos, lo cual ha puesto al Gobierno en la disyuntiva de realizar acciones de ajuste financiero, que como de manifiesto este martes, ya no sólo incluyen la reducción del gasto operativo, sino un incremento de la recaudación propia, como el incremento del Impuesto sobre Nóminas, porque si bien en el corto plazo no se tendrá que realizar pagos a la banca, a partir del 2014 se termina el periodo de gracia en el que está el saldo de 10 mil 970 millones de pesos refinanciado en 2011, y se tendrá que iniciar con las amortizaciones mensuales. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)