CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado aprobó este martes una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para desaparecer dos secretarías del gabinete, que se reducen así de 18 a 16, y reformó y derogó diversas leyes para desaparecer 8 organismos descentralizados, cuyas funciones serán absorbidas por las secretarías que quedan vigentes.
En el decreto se establece que el Gobernador tendrá un plazo de 60 días naturales contados a partir de la publicación de las reformas para modificar la estructura orgánica de la administración pública central y paraestatal, pero debe comenzar a realizar los cambios a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas, que será a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Se expidió una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que sustituye a la que estaba vigente desde el 2000, y en ella se reorganizan las funciones de 16 secretarías del gabinete, ya eliminando la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) y la Secretaría de Cultura.
Debido a la fusión de las funciones de éstas a otras dependencias, la Secretaría de Hacienda cambia de nombre para llamarse Secretaría de Planeación y Finanzas, y la Secretaría de Educación vuelve a tomar el nombre de Secretaría de Educación y Cultura.
También se cambian el nombre y las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría para llamarla ahora Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Desarrollo Social se convierte en Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena se convierte sólo en Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.
El decreto dice que la nueva Ley Orgánica entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que se entiende que de inmediato quedarán extinguidas la SEPLADER y la Secretaría de Cultura, pero también indica que el titular del Poder Ejecutivo deberá expedir los Reglamento Interiores de las Secretarías previstas en la nueva ley dentro del plazo de 60 días naturales a su entrada en vigor y, en tanto, seguirán vigentes los Reglamentos Interiores actuales, pero sólo en lo que no se opongan a este decreto.
Asimismo, mediante diversas reformas de Ley, desaparecen los siguientes organismos descentralizados: El Comité de Planeación del Desarrollo del Estado (COPLADE), que se convierte en un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; el Consejo Estatal de Población (COESPO), se convierte en unidad técnica dependiente de la Secretaría de Gobierno; la Comisión de Energía (CENER) se convierte en unidad técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico; el Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana Roo (FODEQROO) se convierte en unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico; el Instituto Forestal de Quintana Roo (INFOQROO) desaparece y sus atribuciones son absorbidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología (SEMA); las funciones de la Comisión de Mejora Regulatoria son transferidas a la Secretaría de la Gestión Pública; las funciones de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas de Quintana Roo son absorbidas en su totalidad por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena; el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (INFOVIR) desaparece y sus funciones son absorbidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).
Además, se establece que en todos órganos de gobierno de los organismos descentralizados, incluyendo la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), deberá existir un representante de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Según la iniciativa presentada por el gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, y el dictamen de los diputados, las reformas son una medida que busca ahorro de recursos con la fusión y reestructuración del aparato administrativo estatal, así como responder de manera más eficaz a las necesidades y demandas de los habitantes de Quintana Roo.
La información oficial dice que con esta reestructuración orgánica de la administración se ahorrarán 200 millones de pesos anuales.
Los artículos transitorios del decreto de esta ley establecen que los servidores públicos con funciones sustantivas directamente relacionadas con las funciones de las dependencias que desaparecen, deberán ser transferidos a la dependencia que asume las de aquéllas.
La Secretaría de Planeación y Finanzas, la Oficialía Mayor y la Secretaría de la Gestión Pública serán responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia.
También dice que los derechos laborales del personal que pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)