CANCÚN, MX.- De fatal y demoledora para todo México, son algunos de los calificativos de 35 cámaras, asociaciones empresariales, y sindicatos de Quintana Roo, quienes conformaron un frente común, contra la propuesta de reforma fiscal, por parte del gobierno de la República, la cual de acuerdo a comentarios no será aprobada, sin embargo, el cabildeo continuara hasta el mes de octubre y cada quien desde su propia trinchera, informo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) Rafael Lang Uriarte.
Los esfuerzos y declaraciones que habían llevado a cabo diversas cámaras empresariales en la entidad, ayer tomaron forma, de un frente común, contra dicha propuesta, donde 35 organismos que agrupan a gran cantidad de empresas de diversos rubros, se reunieron para decir un “NO” a la reforma fiscal.
El presidente del CCE, indico que se trata de una postura de rechazo total, pues la consecuencia de dicha reforma, es fatal y demoledora para la industria turística de Quintana Roo, pues pareciera que el objetivo de dicha reforma, es descomponer lo que está funcionando bien.
El líder de los empresarios en el destino leyó un comunicado dirigido al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, donde destacan diversos puntos.
Afirma que dicha propuesta parte de un análisis incorrecto a la realidad del país, pues desincentiva la inversión nacional e internacional, no fomenta la generación de empleos formales, tampoco amplia la base de contribuyentes, pues solo incrementa dicha carga a los ya cautivos.
Impacta los ingresos de la clase media así como de las pequeñas y medianas empresas, que son generadoras de 80 por ciento de los empleos formales en el país.
Además afecta de forma directa al sector turístico, que es el motor de la economía de Quintana Roo.
Aseguro que también pone en grave riesgo el patrimonio de los mexicanos, desde la capacidad de compra de quienes adquieren una vivienda de bajo precio, hasta quienes arriesgan sus activos para formar empresas.
El sector productivo del estado, se pronuncia por plantear un esquema hacendario, que privilegie el uso razonado, austero y transparente de los recursos públicos, a fin de promover el crecimiento que el país requiere. (Fuente: El Periódico)