CHETUMAL, MX.- La Oficialía Mayor no cuenta con los números exactos de cuántos trabajadores han sido dados de baja por la reingeniería administrativa, debido a que ésta concluirá hasta finales de año, aseguró la titular de la dependencia, Rosario Ortiz Yeladaqui, pero en cambio alertó a los exservidores públicos a no contratar abogados para emprender demandas laborales, diciendo que sólo van a caer en manos de personas que solamente les quitarán parte del dinero de su liquidación.

Entrevistada al término de la ceremonia oficial por la conmemoración del 60 aniversario del Voto de la Mujer en México, aseguró que no se actuó por consigna contra los extrabajadores, sino que se hizo un análisis en cada una de las dependencias en donde había duplicidad de funciones y aviadores.

Asimismo, señaló que el proceso de la reingeniería administrativa inició a partir de un análisis que obedece a una medida 100 por ciento presupuestal, debido a que el Gobierno del Estado se tiene que ajustar a los techos financieros de cada una de las dependencias para poder tener el próximo año eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Ortiz Yeladaqui aseguró que en algunas dependencias se tenía duplicidad de funciones, en otras se hacía otro tipo de cosas, en donde tenían personal sin ocupación o que cobraba sin trabajar, esos fueron los primeros que fueron recortados de la nómina.

Afirmó que con esta reingeniería administrativa, el Gobierno del Estado pretende que todo el recurso que se pueda ahorrar se destine a obra social, a infraestructura educativa, los cuales beneficiarán a la mayoría de los quintanarroenses; en ese sentido, “tenemos que hacer un sacrificio, un esfuerzo y contar con la solidaridad y comprensión de todos”.

La Oficial Mayor reiteró: “Es una situación muy dolorosa, pero a lo largo de muchos años hemos tenido una burocracia muy obesa y ya llegamos al límite, por lo que se decidió hacer la reingeniería administrativa”.

Ortiz Yeladaqui aseguró que pese a que los trabajadores hagan marchas y pongan sus demandas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “no hay ninguna posibilidad de recontratarlos, es un asunto netamente presupuestal y no podemos dar marcha atrás, toda vez que lo necesita el Estado para eficientizar el recurso y ampliar la cobertura de atención a otros programas”.

Afirmó que la idea es la de ahorrar la duplicidad de funciones y por eso el Ejecutivo envió al Congreso del Estado la iniciativa en donde se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y, por el otro lado, se amplía el apoyo a la población quintanarroense con este ahorro.

Asimismo, negó que sea una reingeniería administrativa selectiva, pues aseguró que el proceso se hizo conforme a derecho sin afectar a nadie, “no son enemigos de ninguna manera, sino que son aliados a los cuáles hoy les tocó estar involucrados en esta situación y no la podemos cambiar”.

La servidora pública dijo que hasta que concluya el año podrá dar números oficiales, pero que no se afectará ni al 10 por ciento de los trabajadores, pues dijo que la plantilla estatal es de 26 mil trabajadores en todo el estado.

“El 10 por ciento significa dos mil 600 y no llegaríamos a eso, por eso es importante la valoración, el análisis y la reflexión sobre esta decisión, que si bien afecta a un número de familias, pero no llegará al 10 por ciento”.

Asimismo, dijo que no tiene la cantidad que se ha erogado por la liquidación de los trabajadores, pues es un dato que tiene la Secretaría Estatal de Hacienda y “estaremos dando la información oficial cuando este proceso se cierre”.

Finalmente, dijo que es lamentable que un grupo de abogados abuse de los extrabajadores, “no se vale quitarles su poco dinero a cambio de nada, porque estamos actuando conforme a derecho”. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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