CANCÚN, MX.- Una demanda penal en contra del presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, y los policías que golpearon a los maestros el pasado lunes 14, por el uso excesivo de la fuerza pública y abuso de autoridad, anunció ayer Erick López Villaseñor, abogado particular de los maestros agredidos.
En entrevista con los medios, afuera del local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que como defensor jurídico está alegando la inocencia de los 58 maestros y padres de familia sometidos a proceso luego de su detención el pasado lunes 14 de octubre en la Plaza de la Reforma.
Expresó que fueron víctimas de una represión, y sostuvo que en realidad no es un caso jurídico sino una cuestión política, acusados de motín y daños, de los cuales 57 salieron libres y uno más permanece detenido por una acusación anterior.
Comentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha consignado las averiguaciones previas, pero confió en que la autoridad judicial no podrá demostrar la culpabilidad.
Explicó que han trazado tres rutas jurídicas. La primera es la defensa penal de los maestros y padres de familia hasta acreditar fehacientemente que son inocentes; segunda, la denuncia de los 58 detenidos en contra del presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, y contra los policías que acataron la represión; y la tercer, acudir a poner las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.
Dijo que el propio presidente municipal confesó ante los medios de comunicación que él dio la orden de desalojo, y por tanto asumió la responsabilidad de los hechos, de la detención y de las personas que fueron heridas.
Afirmó que por eso están planteando presentar la denuncia penal contra él por el uso excesivo de la fuerza pública, porque según explicó que la policía municipal debió contener la manifestación, pero no agredir a los maestros y padres de familia.
Por esto declaró que la policía se excedió en sus facultades como fuerza pública, así como la detención arbitraria porque aprehendieron a toda persona que encontraban en la calle a la hora de perseguir a los manifestantes.
Afirmó que no se cumplió la premisa de la ley que establece que deben ser detenidos en flagrancia, en el momento mismo que la persona esté ocasionando los daños que le imputan, y además dijo que mucho menos existió una orden de aprehensión librada por un juez. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)