El reporte oficial señala que ayer por la noche, recibieron una llamada de un empresario local, quien reportó que un sujeto que se ostentó como integrante de la organización criminal “Los Zetas” lo contactó exigiéndole 50 mil pesos como pago por derecho de piso, de lo contrario sería ejecutado por sicarios al servicio de aquel núcleo delincuencial, razón por la cual solicitó el apoyo de la PJE pues al no contar con esa cantidad le dijo que le daba unas horas para juntar todo lo que pudiera y lo esperaría en las inmediaciones de la unidad deportiva “Mario Villanueva” ubicada en la avenida 10 con calle 34.
En este contexto, elementos de aquella corporación implementaron un discreto operativo y en base a trabajos de inteligencia policial, lograron ubicar al extorsionador que confiado llegó a la cita para tomar los únicos 4 mil pesos que pudo juntar el empresario y justo cuando recibía el dinero, lo detuvieron en flagrancia de delito, sin embargo, en un vano intento por escapar emprendió la huida pero los judiciales ya le tenían tendido un cerco que lo interceptó media cuadra más adelante.
Una vez que se logró su detención, el sujeto entregó los cuatro mil pesos que había cobrado momentos antes como pago por derecho de piso a un empresario a quien amenazó de muerte si no accedía a su petición y dijo llamarse Jorge Ariel Guillén Tapia de 27 años de edad, originario de Chiapas pero con domicilio actual en el fraccionamiento Villas del Sol, ostentándose como parte de la célula criminal de “Los Zetas” empero es de todo mundo sabido que los de la última letra se encuentran diezmados estructuralmente e hicieron pacto con el “Cártel del Golfo” aliándose para tomar más fuerza y bajo la consigna de que si alguien cae en manos de la justicia se acreditara como de los zetas para no quemar a la nueva alianza.
Jorge Ariel Guillén Tapia fue ingresado en las celdas de la PJE y fue puesto a disposición del ministerio público por los delitos de extorsión, robo y lo que resulte en agravio del empresario que por obvias razones se guarda su identidad en el anonimato y se espera que al vencerse el término constitucional sea puesto a disposición del juzgado de lo penal, quien se encargará de definir su situación jurídica. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)