¿Qué busca Beto Borge en Benito Juárez: una revancha, reposicionar a un alicaído Paul Carrillo, eliminar al único adversario político que le queda o hacer el ridículo?
La pregunta es pertinente porque, con el asunto de la revelación del supuesto quebranto financiero en la comuna y que habría elevado la deuda de Cancún hasta prácticamente los 2 mil millones de pesos, el Gobierno estatal y municipal echaron a andar de nueva cuenta la maquinaria mediática, la misma que se usó para fines electorales, para fincar culpas a la pasada administración de Julián Ricalde.
En las acusaciones no hay nada casual y nadie ve que se pretenda combatir la corrupción. Lo que se ve es que se le quieren cargar las pulgas a un solo perro y a 12 ex funcionarios municipales.
Y es que en Quintana Roo ya es una tradición que los culpables de todo resultan siempre los alcaldes de oposición y los pertenecientes a grupos contrarios al Gobernador, como ocurrió con el linchamiento mediático y la encarcelación de la ex Alcaldesa priista de Tulum, Edith Mendoza Pino.
Por supuesto, resulta de escándalo que el Ayuntamiento de Julián Ricalde haya dejado pasivos por 600 millones de pesos, y es necesario que exista una investigación a fondo pero también imparcial para deslindar responsabilidades y aclarar cosas que son y otras que parecen.
Pero para decir las cosas en claro, las autoridades estatales se han visto muy lentas en su afán fiscalizador en otros frentes que resultan todavía más escandalosos como la situación financiera dejada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco.
En Solidaridad, donde el ex Alcalde Filiberto Martínez, teniendo como tesorero a José Luis “Chanito Toledo, y como interino a Rafael Kantún Avila, elevó la deuda pública municipal de 130 millones de pesos a 817 millones de pesos, sin contar con los 500 millones de pesos que, de acuerdo con la calificadora Fitch Rantigs, dejaron como deuda de corto plazo, es decir, principalmente pasivos a proveedores y pagos pendientes con medios de comunicación, contratistas y personas físicas.
La escandalosa deuda contratada por Filiberto Martínez y “Chanito” Toledo, precisamente en tiempos electorales, debió ser usada para concretar una decena de proyectos de inversión y obra pública, pero terminó este gobierno y el dinero no se aplicó en los proyectos comprometidos o las obras de plano fueron dejadas inconclusas.
El hoy flamante diputado Filiberto Martínez, incluso, fue exhonerado por sus propios compañeros del Congreso vía ‘fast track’ cuando se desechó una demanda de juicio político presentada por el oneroso endeudamiento que dejó en Solidaridad.
Y hoy también se ve el interes del Gobernador de proteger a toda costa a su ‘delfín’ político, el diputado “Chanito’ Toledo, quien tiene responsabilidad directa en el brutal incremento de la deuda de Solidaridad y en el presunto desvío en el que incurrieron durante las campañas electorales porque todo ese dinero ya desapareció y sólo una pequeña parte fue gastado en las obras que se anunciaron, aunque ninguna fue terminada.
Un panorama similar existe en Cozumel y Othón P. Blanco, municipios que fueron gobernados por los priistas Aurelio Joaquín y Carlos Mario Villanueva Tenorio, quienes dejaron administraciones lastradas y endeudadas sin que a ninguno de los dos personajes se les haya llamado a cuentas.
Pero, además, en Cancún, ocurre que hay una clara inmoralidad de los fiscales porque fueron precisamente el Alcalde Paul Carrillo y su secretario general, José de la Peña, quienes como diputados palomearon, sin cuestionar, la deuda de más de 10 mil 500 millones de pesos heredada por el ex Gobernador Félix González Canto, al tiempo que le aprobaron a Roberto Borge seguir endeudando a Quintana Roo al grado que hoy se deben ya más de 18 mil millones de pesos.
Paul Carrillo y José de la Peña también fueron los mismos que como diputados le aprobron a Borge la verificación vehicular y la oscura concesión de 12 verificentros a igual número de empresas, varias de ellas hechizas.
Y eso sin contar con que el contralor del Gobierno de Paul Carrillo, Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez, también lo fue del ex Alcalde Francisco Alor, una de las administraciones priistas más cuestionadas de los últimos años sin que tampoco hayan rendido cuentas.
Como se ven las cosas, en Quintana Roo se sigue privilegiando el uso de expedientes para ajustar cuentas a los que representan una amenaza política para el Gobernador o simplemente no son de su agrado. Pero, si eres incondicional de Roberto Borge y te pliegas a sus órdenes, nada pasa.
Así, de cabeza y con impunidad, anda el mundo.
