CANCÚN, MX.- Un reportero del portal policiaco El Alarmón y sus dos socios están sujetos a proceso penal, acusados por un funcionario del Ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) por el presunto delito de extorsión.
William Saúl Kú Centeneno y sus socios, los hermanos Roberto Carlos y José Augusto Lima Pintos, fueron capturados el mediodía del pasado 8 de enero, cuando abandonaban el restaurante de la tienda Liverpool, tras reunirse con el secretario del Ayuntamiento de Solidaridad, Juan Carlos Pereyra Escudero, a quien presuntamente Kú le pidió 20 mil pesos a cambio de no publicar información en su contra en su portal de noticias.
El edil y la Policía Judicial del estado (PJE) le tendieron una trampa al joven reportero de 25 años y sus socios, y la principal prueba en su contra fueron los 20 mil pesos que tenía Kú en su poder y que momentos antes le había dado el funcionario.
Pereyra Escudero afirmó que con esta denuncia busca generar un precedente contra los periodistas que se dedican a pedir dinero a funcionarios públicos a cambio de evitar publicar notas negativas en su contra.
“Hay que dejar un precedente que también beneficia a los periodistas profesionales. De ninguna manera podemos permitir que se lucre con la imagen, de mi persona, ni de nadie”, afirmó.
El jueves pasado, el Juez Primero Penal de Playa del Carmen, Nicolás Pinzón Ávila, dictó el auto de formal prisión contra Kú Centeno, y los hermanos Lima Pintos, directivos del portal, por el delito de extorsión.
La detención de los “comunicadores” provocó reacciones de organizaciones de periodistas, sobre todo por la celeridad con la que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) actuó contra el “reportero” originario de Chetumal y porque no hay antecedentes de detenciones contra empresarios y trabajadores de los medios de comunicación por el delito de extorsión en Quintana Roo.
Además hicieron énfasis en que se mantienen impunes ataques contra periodistas en Quintana Roo.
Por ejemplo, los directivos del semanario Luces del Siglo, demandaron ante La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), al exgobernador Félix González Canto por “clonar” una edición completa de la revista en 2012.
De acuerdo con la directora de Luces del Siglo, Norma Madero, no ha habido mayores avances en la denuncia.
El caso del director del portal Noticaribe, Vicente Carrera, fue más desastroso, pues en la delegación de la PGR, ni siquiera le quisieron aceptar la denuncia que pretendía presentar por el “hackeó” a esta página de internet del que responsabiliza al gobernador Borge.
“Nunca me atendieron. No hubo nadie que me pudiera resolver”, reprochó.
Por el caso del portal El Alarmón, la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) emitió un pronunciamiento por la detención de Kú Centeno en el que exige que el caso sea atendido conforme a derecho y respetando los derechos humanos de los ahora procesados.
“Periodistas de Quintana Roo han manifestado su asombro ante la rapidez con que la policía estatal actuó para proteger los derechos del citado servidor público, mientras que la omisión y negligencia son las características en casos de agravios a periodistas que se han incrementado durante la actual administración estatal, de acuerdo a casos documentados por la CDP”, cuestiona la organización.
Por ello pide que se haga “una investigación profesional para descartar que el tráfico de influencias y el uso de recursos públicos se utilicen para coartar la libertad de expresión y el pleno ejercicio del derecho a la información de la sociedad”.
Además, sostiene que la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, tiene casos pendientes qué resolver por agravios a periodistas y exige que con la celeridad que detuvieron a los imputados, actúe en contra personas agresoras de periodistas.
La CDP, subraya, no pide inmunidad para ninguna persona, pero exige una investigación apegada a derecho, con absoluto respeto a los derechos humanos y que los agravios a periodistas sean investigados en tiempo y forma.
Javier Chávez Ataxca, vocero de Periodistas del Caribe A.C., consideró que la detención por delitos de extorsión es tan inusual como “altamente preocupante” porque muestra el camino a los políticos que estén decididos a darle un escarmiento ejemplar a un periodista incómodo.
“En tales condiciones se pueden fabricar o amañar pruebas para hundir al reportero o columnista. Y la Procuraduría de Justicia del Estado, como en este caso que nos ocupa, procederá con repentina velocidad para capturar a su delincuente. El riesgo es latente”, advirtió Chávez Ataxca.
Si bien los periodistas no deben tener un trato de excepción o contar con una patente de corso, dijo, tampoco pueden estar bajo el riesgo de ser objetivo de una “cacería a cielo abierto”, por el simple hecho de irritar a cualquier político o mando con mediana influencia. (Fuente: Proceso)