CANCÚN, MX.- La Contraloría Municipal de Benito Juárez dictaminó la inhabilitación de tres ex servidores públicos y la destitución de uno, pertenecientes a la pasada administración municipal 2011-2013, que encabezó Julián Ricalde Magaña, por el daño patrimonial que causaron al Ayuntamiento y, por ende a los ciudadanos, y de acuerdo a las revisiones y observaciones que por ley se realizan hacia la anterior gestión.
La resolución fue dada a conocer en conferencia de prensa por el secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez; el contralor Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez; y el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Rodríguez Méndez, quienes presentaron este avance de los procedimientos realizados en tiempo y forma respecto a la responsabilidad de ex trabajadores de diferentes áreas y dependencias de la administración pública.
“Los sancionados se trata de funcionarios de la administración pública que llevan mucho tiempo laborando en este H. Ayuntamiento, sin que se maneje un tema como revanchismo. Es una acción institucional porque son funcionarios sin vínculo a una persona en particular”, aseveró José de la Peña.
Alonso de Jesús Alonzo anunció que con base en el diagnóstico se dictaminó la inhabilitación por 10 años de la ex titular de la Unidad Jurídica Laboral de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, María Cristina Jáuregui Pech, a quien también se le emitió una sanción económica por 2 millones 57 mil 810.06 pesos, debido a que tuvo una conducta atípica en su desempeño como servidora pública y ocasionó un daño al erario patrimonial calculado en 29 millones de pesos, por la pérdida negligente de al menos 20 juicios laborales.
En este caso en particular, se precisó que el área jurídica municipal valora la posible conformación de una denuncia por el delito de omisión, para que sea sancionado conforme a la ley.
Por otra parte, se inhabilitará por 10 años al ex administrador de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (Opabiem), Luis Orlando Pérez Escobedo, que en su momento cobró una liquidación sin autorización del área por 215 mil 490.86 pesos, lo que ocasionará además una sanción económica por 430 mil 981.72 pesos.
De igual manera, se dio a conocer la inhabilitación por un año y sanción económica de seis mil pesos para el ex titular de la Unidad Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Benito Juárez, Sergio Martín Miranda Suaste, por efectuar un trámite sin presentar la comprobación correspondiente y por ende, causar un erario al municipio; y la destitución de un inspector de Comercio en la Vía Pública, Carlos Javier Muñoz Moreno, por presuntos actos de corrupción en contra de un vendedor ambulante.
El director jurídico municipal detalló que los anteriores ex trabajadores ya fueron notificados y dependiendo los recursos legales que cada uno presente, como pueden ser revocación, juicio de nulidad o de amparo, al término de cada caso se aplicaría la inhabilitación y procedería el cobro de la sanción económica calculada, aunque de no pagarla se convertiría en un crédito fiscal.
Finalmente, el Contralor indicó que hay al menos otros 20 ex funcionarios que están en el periodo de fundamentación de observaciones, otros a los que ya se inició la queja y algunos en procedimientos administrativos, también que laboraron en la administración pasada, por lo que se seguirá el procedimiento de ley para dictaminar lo conducente. (Con información del Ayuntamiento de Benito Juárez)