CANCÚN, MX.- En esta semana el Juzgado Quinto de Distrito, radicado en Cancún, resolverá si concede o no a la cooperativa “Piratas de Akumal”, la suspensión definitiva sobre la clausura que, en enero pasado, impuso la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, a un acceso que conduce hacia la zona de playas de Akumal, en el municipio de Tulum.
En dicho camino, que tiene una longitud de 90 metros de largo, por nueve de ancho, ocupando una superficie de 810 metros cuadrados, la duna fue afectada y la vegetación deforestada, dañando tres especies protegidas y enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 (059), de acuerdo con la delegación de la Profepa, que clausuró el acceso el 16 de enero pasado.
La actuación de la Procuraduría proviene de las denuncias hechas por el Centro Ukana, mejor conocido como Centro Ecológico Akumal (CEA), que denunció ante la Profepa que el 30 de abril de 2013, familias enteras fueron acarreadas para ensanchar el camino, retirando la vegetación, en un intento por invadir ilegalmente un área que legalmente es propiedad privada.
Meses después, los inspectores de la Procuraduría acudieron con un abogado, un topógrafo y un biólogo, a fin verificar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa) como parte de una inspección en materia forestal, al sitio localizado en el Lote 01, Manzana 11, Región 01 de la Bahía de Akumal, de acuerdo con el acta de inspección PFPA/29.3/2C.27.2/0001-14, fechada el 14 de enero pasado, a la cual tuvo acceso EL PERIÓDICO DE QUINTANA ROO.
Después de tomar las medidas de los límites y colindancias, los inspectores ubicaron la presencia de palma chit, vegetación de duna costera, como ejemplares de romero de playa y uva de mar, palma de coco, lirio de playa, margarita de playa, ciricote, chechem, palma despeinada y palma kuka, además de mangle botoncillo.
La palma chit y el mangle botoncillo se encuentran enlistados como especies con categoría de riesgo o amenazadas, es decir, que se encuentran “en peligro de desaparecer en el corto o mediano plazo”.
Afectaciones
Conforme al acta de inspección, la duna costera se encuentra afectada “por el continuo flujo de turistas locales, nacionales y extranjeros, que han afectado dicho ecosistema”, además de “la remoción de vegetación de duna costera”, efectuada en abril del 2013.
“Del recorrido realizado por el inspector de la Profepa, el visitado y los testigos de asistencia, se pudo observar y constatar que se han realizado actividades de cambio de uso del suelo en terrenos forestales en una superficie de mil 798 metros cuadrados, debido a la construcción de camino de acceso antiguo y reciente, dentro del predio visitado, actividades realizadas sobre un ecosistema de vegetación de selva mediana y duna costera con presencia de ejemplares de palma chit, palma despeinada y palma kuka, enlistadas en la NOM 059″, se lee.
Al no exhibirse la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Profepa clausuró de forma total y temporal el camino de acceso, el cual es utilizado como vía de paso a la zona de playas por los turistas que, por ese camino, llegan directamente al lugar en donde la cooperativa “Piratas de Akumal”, ofrece servicios turísticos diversos.
La medida cautelar aplicada por la Procuraduría generó una ola de indignación, debido al manejo mediático que los prestadores de servicios de la cooperativa “Piratas de Akumal”, dieron sobre la clausura, pues difundieron que la autoridad había clausurado “el último de siete accesos públicos” a las playas de Akumal, despojándoles de las mismas.
El amparo
Con el argumento de que la Procuraduría, en presunto contubernio con el CEA e incluso, con desarrolladores del hotel “Secrets Akumal”, impedían a los pobladores el disfrute de la zona de playas, como antesala de la presunta privatización de la misma, la cooperativa “Piratas de Akumal” promovió un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito.
La demanda fue admitida y el juez quinto concedió la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, dejó sin efecto la clausura, hasta que se resuelve el fondo del asunto, lo que implica que las partes involucradas habrán de exhibir pruebas.
La mañana de ayer se llevó a cabo una audiencia incidental y será en esta semana cuando el juez defina si concede la suspensión definitiva, explicó el abogado del CEA, Javier de Anda, en entrevista con EL PERIÓDICO DE QUINTANA ROO.
Para el litigante, lo mismo que para el director del CEA, Paul Sánchez Navarro, la pretendida causa social enarbolada por la cooperativa “Piratas de Akumal”, no existe y el origen del problema no es la defensa de un espacio público, sino de un área que ha servido para lucro de los prestadores de servicios turísticos ahí asentados.
Ambos, explican que el controvertido camino hacia la playa nunca fue designado como un acceso público, pues es privado; aclaran que el paso a la playa nunca se ha prohibido, pues el acceso es a través del Centro Ecológico Akumal y advierten que los miembros de la cooperativa han recibido apoyo y protección de ex funcionarios públicos, como la ex alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino –presa en la cárcel por presuntos actos de corrupción-; el ex secretario del ayuntamiento, Gilberto Gómez Mora y jefes policiacos como Didier Vázquez.
El origen
Sánchez Navarro narra que desde que Akumal fue comprado y fraccionado por “Promotora Akumal del Caribe”, en 1972-73, ese predio fue originalmente habilitado como un club de yates y 20 años después se convirtió en el Centro Ukana o Centro Ecológico Akumal, sin que el lugar, ni el camino a un costado suyo, dejasen de ser propiedad privada.
Para demostrar que esa vía de acceso no está asignada como acceso público de manera oficial, Sánchez Navarro exhibe la copia del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2007-2032, en donde aparecen marcados los siete accesos públicos a la zona de playas. Ninguno de los siete se encuentra a un costado del CEA.
En la zona se asentaron prestadores de servicios que hicieron del acceso, localizado entre una propiedad y otra, un camino hacia la zona de playas, en donde ofertaban sus servicios.
La relación, cordial en su momento, se rompió cuando las quejas por consumo de bebidas embriagantes y actividades nocivas para la duna costera, la vegetación de la zona y la fauna del lugar, se presentaron y aumentaron.
El problema se agudizó cuando la entonces alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza, otorgó una concesión de zona federal de 38 metros cuadrados, justo frente al polémico camino.
Al ser un sitio privado, el CEA pidió a la cooperativa utilizar el acceso público más cercano, a 400 metros de distancia, lo cual no fue aceptado por los prestadores de servicio, debido a que implica que los turistas caminen más y prefieren el paso directo, indicó Sánchez Navarro, quien aclara que el paso a la playa sigue abierto a través de las instalaciones del Centro.
El abogado añade que solicitaron una orden de resguardo en junio del 2013, que les fue concedida, pero posteriormente cancelada por el Ministerio Público, sin explicación.
El camino fue bloqueado con piedras, para impedir el acceso a propiedad privada, pero el entonces secretario del ayuntamiento de Tulum, Gilberto Gómez Mora, llegó con un tractor para destruir y retirar las piedras, además de hacerse acompañar de miembros de la comunidad, en compañía del entonces delegado, Melchor Aguiñaga y el director de la policía, Dieder Vázquez.
El abogado De Anda Morales, subraya que, por tal acción, Gilberto Gómez Mora fue denunciado penalmente en julio de ese mismo año, por despojo, daño en propiedad privada y abuso de autoridad, queja que fue turnada también en Contraloría Municipal.
“Aquí lo que hay de fondo es que se están violando los derechos de propiedad privada, lo cual es muy grave, porque hoy afecta al CEA, pero mañana puede sucederle a cualquier propietario”, remarca Sánchez Navarro, quien reitera que se ha querido engañar a la opinión pública local y nacional, maquillando un asunto comercial, de reclamo por una causa social: El libre acceso a las playas.
Adicional a ello, existe un tema no menos grave, agrega De Anda Morales: “La falsedad de declaraciones ante un juez federal, porque los de la cooperativa están queriendo sorprender al juez, ocultándole que esa zona que pelean, es privada, ya que nunca ha habido un acceso público”.
Y de filón, agrega: “Un asunto muy interesante aquí, son los ex funcionarios involucrados, sus actuaciones, sus violaciones a la ley, el abuso de autoridad y la impunidad con que se han manejado”. (Fuente: El Periódico)