CIUDAD DE MÉXICO.- En el 2013, cuatro de las cinco agencias calificadoras avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en México ejecutaron 93 acciones de evaluación al riesgo crediticio de las entidades federativas, de las cuales 11 fueron recortes y un igual número fue cambio de perspectiva a la baja, según un análisis de aregional.
Los ajustes en las calificaciones a la baja pesaron sobre siete estados: Chiapas, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, con un solo movimiento en cada caso. Baja California y Nuevo León contabilizaron dos recortes y Quintana Roo, tres.
Este último fue el más castigado por Moody’s, Fitch y HR Ratings.
En febrero del 2013, Moody’s dio a conocer un ajuste en la calificación del estado de “Baa2.mx” a “B1.mx”, con perspectiva negativa, argumentando un débil desempeño financiero, que incluía un alto endeudamiento y limitada liquidez.
Sin embargo, seis meses después, en agosto del 2013, anunció el retiró de las notas de la entidad, debido a que consideró que existía información insuficiente para monitorear su calidad crediticia.
En mayo del mismo año, Fitch bajó la nota del estado y la puso en observación “negativa”. El ajuste “refleja el deterioro observado en la posición financiera de Quintana Roo en los últimos ejercicios, lo cual se mantiene de acuerdo con la información observada del 2012 y el avance presupuestal del 2013”, argumentó en ese momento la compañía.
En junio de ese mismo año, HR Ratings informó de un ajuste en la calidad crediticia de Quintana Roo, al bajarla de “HR BBB” a “HR BBB-”, con observación “negativa”, desde una perspectiva “estable”.
MÁS RECORTES
Por su parte, Baja California y Nuevo León registraron dos ajustes cada uno. En el caso de Baja California, las agencias fueron Moody’s, que argumentó déficits financieros recurrentes, debilitamiento en su posición de liquidez y crecientes niveles de deuda, y Standard and Poor’s (S&P).
A Nuevo León también ambas agencias ajustaron sus notas. S&P argumentó que “la baja de la calificación de riesgo crediticio refleja el debilitamiento estructural que observamos en su desempeño fiscal del 2012, que mostró altos déficits después del gasto de inversión y repago de deuda”. Moody’s, por su parte, refirió déficits financieros y altos niveles de pasivos.
CAMBIOS DE PERSPECTIVA
En lo que se refiere a cambios de perspectivas a la baja, ocho fueron los estados en los que recayeron las 11 acciones. Se trata de Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Estos tres últimos tuvieron dos ajustes cada uno.
“Las perspectivas negativas asignadas por Fitch y S&P a los ocho estados se explican por el deterioro en su desempeño financiero, aunado al incremento en los pasivos de corto plazo”, explicó aregional en el estudio “Calificaciones al riesgo crediticio de las entidades federativas al 31 de diciembre”.
OTROS MOVIMIENTOS
De las 71 acciones de calificación restantes, 44 fueron ratificaciones; 14, cambios de perspectiva a “positiva”; 10, alzas de calificaciones (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Puebla, Zacatecas —con dos- y Jalisco –con tres—, dos retiros y una asignación.
La CNBV autorizó a operar en el país a cinco calificadoras: Fitch, S&P, Moody’s, HR Ratings y, recientemente, a Verum, que sólo ha aplicado una nota a Chapala, Jalisco.
Éstas evalúan, entre otros temas, el riesgo crediticio de los gobiernos estatales y municipales en finanzas, deuda y administración públicas, así como de economía.
INDISCIPLINA FISCAL LIMITA AUMENTO EN LAS CALIFICACIONES
La débil administración financiera y la falta de disciplina fiscal que priva entre estados y municipios impidió otorgarles un upgrade a consecuencia del alza en la calificación soberana de México, explicó Moody’s Investor Service.
La agencia, que hace dos semanas otorgó al país la nota financiera “A3”, la más alta concedida al soberano, afirma que “los lazos financieros y económicos con el gobierno federal no fueron suficientes para traducirse en un incremento para las calificaciones de los subsoberanos”.
“Por lo general, los estados y municipios mexicanos muestran una débil administración financiera, falta de disciplina fiscal y transparencia, mientras que al mismo tiempo existe poca supervisión por parte de los niveles superiores de gobierno”, comentó la analista Roxana Muñoz.
La firma evidencia que los niveles de endeudamiento y la liquidez han empeorado de forma consistente, resultado del marco institucional que les “otorga gran libertad de autonomía para los gastos y el financiamiento”. Destaca además que, a pesar del crecimiento de las transferencias federales en los últimos cuatro años, las tesorerías locales aumentaron sus desequilibrios financieros. (Fuente: El Economista)