CHETUMAL, MX.- El Estado de Quintana Roo presentará de nuevo demandas de controversia constitucional por el conflicto de límites con Campeche y Yucatán, luego de que el titular del Ejecutivo instruyó que se ejerzan los derechos constitucionales de la entidad para reclamar su territorio, informó el Consejero Jurídico del gobernador, Raúl Labastida Mendoza.
El abogado aseguró que el mandatario estatal, Roberto Borge Angulo, dio la instrucción de presentar de nuevo las demandas de controversias constitucionales limítrofes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se cumplirá en próximos días, porque el derecho de Quintana Roo de defender su territorio quedó a salvo en las últimas resoluciones del 2013, que dejaron sin conclusión los anteriores juicios.
“El gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, conjuntamente con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial del Estado, procederán en los próximos días a promover, mediante las correspondientes controversias constitucionales, la defensa de los derechos constitucionales de Quintana Roo, relativos a la soberanía y jurisdicción del territorio quintanarroense”, dijo Labastida Mendoza a POR ESTO! de Quintana Roo.
Las controversias serán por la violación del Pacto Federal en que incurren Campeche y Yucatán al no respetar los límites de Quintana Roo, y tendrá como principal punto de agravio la creación del municipio campechano de Calakmul en 1997.
Labastida Mendoza dijo que eso será así, a pesar de que en junio y noviembre del año pasado, en sendas resoluciones de recursos incidentales, la SCJN declaró sobreseídos los juicios de controversias constitucionales iniciados por Quintana Roo en 1997, porque en la última resolución la Corte dejó expedito que está a salvo el derecho del Estado de promover el medio de control constitucional que corresponda para lograr obtener una declaración judicial sobre la franja territorial que disputa con los Estados vecinos, debido a que no hay sentencia definitiva que otorgue la razón a ninguno de las tres entidades de la Península de Yucatán.
“El añejo problema de límites del Estado de Quintana Roo, con los estados vecinos de Campeche y Yucatán, es una cuestión de estricto orden constitucional, que deberá resolverse por la vía legal, mediante el correspondiente juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo.
“Los titulares de los poderes del Estado están obligados por ley a procurar la defensa de los derechos constitucionales y originarios de Quintana Roo, y el cumplimiento de esa responsabilidad es de carácter legal, más que político; por esa razón ha sido estrategia de las autoridades quintanarroenses evitar, en la medida de lo posible, la politización de este asunto y los respectivos y desgastantes debates mediáticos al respecto, ya que su solución legítima y adecuada se logra por los medios y procedimientos que la Constitución establece”, manifestó el abogado.
Explicó que las recientes reformas constitucionales con relación a los conflictos de límites entre las entidades federativas otorgan la razón a la estrategia del gobierno de Quintana Roo, ya que el conocimiento de esos conflictos ha dejado de ser materia del debate político ante el Senado de la República, para ser materia específica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La cultura de la legalidad promovida por el gobernador Roberto Borge le ha otorgado no sólo experiencia y práctica en el tratamiento y solución de los diversos conflictos que ha enfrentado su administración, sino también le permitió superar las provocaciones y las presiones a que se ha visto sometido su gobierno, evitando con ello politizar los asuntos legales o tratarlos mediante manipulaciones mediáticas”, afirmó.
“La racionalidad jurídica y la práctica de la legalidad han otorgado la razón a la administración de Roberto Borge Angulo y es de esperar que lo mismo ocurra en el futuro, para bien no sólo de los quintanarroenses, sino también para el bienestar nacional y la convivencia vecinal y pública”, concluyó.
Largo y frenado diferendo
Cabe recordar que Quintana Roo inició desde 1997 controversias de límites contra Campeche y Yucatán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivadas de la creación del municipio campechano de Calakmul, pasando a fase judicial la disputa de una franja de tierra de 10 mil 200 kilómetros cuadrados.
En 2001 se tuvo listo un proyecto de resolución que era favorable a Quintana Roo, del cual los diarios POR ESTO! dieron cuenta en su momento; en él se proponía revocar al decreto de creación del municipio de Calakmul, Campeche, y reconocer los límites que el decreto de creación establece para el Estado de Quintana Roo.
Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia nunca quisieron pasar al pleno la discusión y votación de este proyecto de resolución, que habría dado solución definitiva al conflicto, sino que lo mantuvieron abierto hasta que una reforma constitucional en 2005 le pasó la facultad de resolver los conflictos limítrofes al Senado.
En ese año, por efecto de dicha reforma, las controversias iniciadas en 1997 dejaron de ser atendidas en la SCJN y fueron turnados los expedientes al Senado de la República, para que éste diera solución al conflicto de límites, pero el órgano legislativo nunca dio trámite a esos asuntos.
Posteriormente, en 2012, otra reforma constitucional devolvió a la SCJN la facultad de resolver por la vía judicial controversias de límites entre las entidades federativas, pero los expedientes de los juicios iniciados por Quintana Roo en 1997 no fueron devueltos por el Senado al Poder Judicial, sino que fueron mandados al archivo como asuntos que ya no tienen atención.
En junio de 2013, en sesión privada, el pleno de la SCJN determinó que existe imposibilidad jurídica para solicitar al Senado de la República que remita al Poder Judicial de la Federación los expedientes originales y sus anexos de las controversias constitucionales iniciadas en 1997, declarando que ambos juicios quedaron sobreseídos por efecto de la reforma del 2005.
Este acuerdo no dio la razón a Campeche en el conflicto limítrofe ni quitó territorio a Quintana Roo, pues no se trató de un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, sino que sólo dejó en la indefinición jurídica el diferendo, porque determinó que no puede requerir al Senado los expedientes para continuar con el trámite de la demanda.
Luego, en noviembre del 2013, el Poder Judicial ratificó esta decisión; sin embargo, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado expuso que, en esta misma resolución, Quintana Roo obtuvo que la SCJN dejara expedito el derecho de la entidad federativa de promover el medio de control constitucional que corresponda para lograr obtener una declaración judicial sobre la franja territorial que disputa con los Estados de Campeche y Yucatán, porque no hay sentencia definitiva que otorgue la razón a ninguno de los tres estados.
Es en base a esta resolución, que reconoce el derecho de Quintana Roo a recurrir a la SCJN a promover la resolución judicial que establezca una conclusión para este largo conflicto, que el Gobierno del Estado ha decidido promover nuevos juicios de controversia constitucional contra los estados de Campeche y Yucatán, para que se fijen en definitiva los límites entre las tres entidades. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)