CANCÚN, MX.- En un afán más relacionado con la necesidad de incrementar la recaudación que por la seguridad misma de la ciudad, el Alcalde Paul Carrillo de Caceres ordenó la implementación a partir de este domingo una serie de operativos “de prevención y vigilancia”, un eufemismo para que en en realidad fueron ‘razzias’, con la que barrió colonias irregulares, regiones y supermanzanas de Cancún.
Durante el operativo, ejecutado por el jefe de la corporación, Arturo Olivares Mendiola, 106 personas, la mayoría jóvenes, fueron detenidas, de las cuales 89 fueron remitidas “por diferentes faltas administrativas”, mientras que 17 fueron turnadas al Ministerio Público del Fuero Común “para los trámites correspondientes”, según informó la propia Dirección de Seguridad Pública mediante un boletín de prensa.
De acuerdo con esta información, decenas de elementos policiacos fueron desplegados desde las 7:00 horas hasta las 19:00 horas del domingo en las regiones 100, 101, 102, 103, 200, 201, 229, 232, 234, 259, 260, así como las colonias irregulares Cuna Maya, Los García, El Milagro, Avante, Tres Reyes, Santa Cecilia y las Supermanzanas 63, 64, 66, 69, 75, 77, 23, 24.
El objetivo del operativo, según la propia corporación, fue “salvaguardar la integridad de los benitojuarenses” en “respuesta a las inquietudes y peticiones de los ciudadanos”.
Sin embargo, lo que en realidad ocurrió fue la detención de jóvenes, en su mayoría, que no estaban cometiendo delitos algunos ni incurriendo en faltas flagrantes y cuya detención se dio a criterio de los policías.
Para obtener su libertad, los detenidos tendrán que pagar la multa correspondiente a la supuesta falta cometida, que, en el menor de los casos, asciende a 50o pesos para no sufrir los 72 horas de arresto, aunque puede representar el desembolso de unos miles de pesos.
Un informe del ITAM sobre el fenómeno de las “razzias” en México señala que estas medidas violan los derechos humanos y se apoyan en un enfoque de posición extrema del derecho penal y de la seguridad pública, en la que la autoridad está legitimada para limitar o suprimir derechos de personas específicas.
“Son acciones que violan no sólo el derecho a la libertad personal, sino otras prerrogativas de los ciudadanos”, dice el estudio elaborado por el investigador Antonio López Ugalde. (Noticaribe)