CHETUMAL, MX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó auto de admisión a la nueva controversia constitucional por motivo de conflicto de límites que interpuso el Estado de Quintana Roo contra Campeche, y requirió al Senado de la República que le remita los expedientes de las controversias constitucionales originarias de 1997, como partes de las pruebas a estudio dentro del nuevo juicio.
De esta forma, el largo litigio por el conflicto de límites entre Campeche y Quintana Roo, iniciado por la creación del municipio campechano de Calakmul, vuelve a ser atendido por el máximo tribunal del país, después de ocho años de haber salido de sus manos por efecto de una reforma constitucional que temporalmente pasó al Senado la atención de los expedientes, sin que el conflicto fuera resuelto en todo ese lapso.
Ahora, tras el auto de admisión de la nueva controversia constitucional limítrofe presentada por los tres poderes del Estado de Quintana Roo, la SCJN tiene por demandados al Estado de Campeche, a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad, y al presidente de la República, éste sólo en lo que toca a un acuerdo dictado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1940, en el que reconocía como pueblos campechanos a comunidades que están dentro del territorio de Quintana Roo.
Asimismo, el auto de admisión emplazó como terceros interesados en esta controversia constitucional limítrofe al Estado de Yucatán, y a los municipios campechanos de Calakmul y Holpechén.
La nueva controversia de límites fue marcada con el número de expediente 21/2014 y fue turnada a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para que sea la encargada de la instrucción de la causa y en esa calidad dictó, el miércoles 26 de febrero, el auto por el que se declara admitida la demanda, lo cual significa que cumplió con los requisitos de forma establecidos en la Constitución y la Ley Reglamentaria, por lo que es procedente continuar al estudio de fondo de los agravios planteados por el Estado de Quintana Roo contra Campeche y diversas autoridades.
El auto de admisión de la controversia constitucional 21/2014 indica que la demanda fue promovida por el Gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Berenice Penélope Polanco Córdova; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero; como representantes de los tres poderes del Estado de Quintana Roo.
En la controversia también se promovía demanda contra el Senado de la República, por haberse negado el año pasado a turnar a la SCJN los expedientes de las controversias limítrofes originales de 1997, pero la ministra instructora, Margarita Beatriz Luna Ramos, declaró que este punto es improcedente, por tratarse de un asunto que ya resolvieron el pleno y la Primera Sala de la SCJN, de modo que ya no lo va a atender de nuevo.
En cambio, la ministra declaró que sí se admite la controversia constitucional en contra de Campeche y otras autoridades, por los siguientes actos reclamados:
1.- El acuerdo emitido por el presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río el 15 de mayo de 1940, publicado el 21 de junio siguiente, en el Diario Oficial de la Federación, por el que declara que son de Campeche localidades que se encuentran en territorio de Quintana Roo.
2.- El Decreto 244 de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial de esa Entidad el 31 de diciembre de 1996, mediante el cual se crea el municipio de Calakmul.
3.- La Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el 21 de febrero de 1997, para corregir el Decreto 244 que crea el municipio de Calakmul.
4.- La sanción y promulgación del Decreto 244 y su fe de erratas, realizadas por el Ejecutivo del Estado de Campeche.
5.- La orden de lanzamiento y de desalojo por vías de hecho con auxilio de la fuerza pública (Policía Ministerial) del Estado de Campeche, el 26 de diciembre de 2013, contra más de 40 familias de la comunidad de San Isidro Aguas Amargas, municipio de Othón P. Blanco.
6.- La orden del Gobierno del Estado de Campeche de efectuar un censo sobre instituciones educativas del Estado de Quintana Roo, ubicadas en la localidad de 16 de Septiembre, municipio de Othón P. Blanco, en el mes de febrero en curso.
En consecuencia, la ministra instructora declaró que se tienen por demandados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (con referencia al acuerdo de 1940 dictado por Lázaro Cárdenas); al Estado de Campeche y a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha Entidad, por lo que los emplazó a que presenten su contestación dentro de 30 días hábiles contados a partir de que reciban las copias de la demanda y sus anexos.
Asimismo, la ministra instructora también dispuso remitir copias de la controversia y sus anexos, para que contesten la demanda, al Estado de Yucatán y los municipios de Calakmul y Holpechén, en su carácter de terceros interesados.
Pero además, en el auto de admisión se dispuso requerir a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado, remita a la SCJN copia certificada de la controversia 9/97, que fue la original que promovió Quintana Roo contra la creación del municipio de Calakmul, Campeche; y de todo lo actuado en el expediente 2/2006 del índice de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas o, en su caso, los expedientes originales, porque fueron ofrecidos por el Estado de Quintana Roo como pruebas en la nueva controversia constitucional y la ministra tiene la facultad de decretar pruebas para realizar un mejor análisis del caso.
Ordenó Campeche desalojo de quintanarroenses
Cabe resaltar que, además de reiniciar en la Suprema Corte de Justicia el juicio contra la creación del municipio de Calakmul, que data de 1997, el Estado de Quintana Roo emprendió demanda contra dos actos de autoridad realizados por el gobierno de Campeche de manera reciente, en 2013 y en este mismo 2014, como fue la orden de desalojo contra pobladores de la comunidad de San Isidro Aguas Amargas, que para Quintana Roo pertenece al municipio de Othón P. Blanco y para Campeche pertenece al de Calakmul, así como el censo escolar ordenado en localidades que también son incluidas dentro del municipio de Othón P. Blanco, lo cual es muestra de que la falta de una resolución al diferendo de límites está creando conflictos que afectan a la población de la franja de 10 mil 200 kilómetros cuadrados que está en disputa entre las tres entidades de la Península de Yucatán.
En el primer caso, la controversia constitucional demanda al gobernador del Estado de Campeche por la orden de lanzamiento y de desalojo por vías de hecho con auxilio de la fuerza pública (Policía Ministerial) del Estado de Campeche, dada el 26 de diciembre de 2013, contra más de 40 familias de la comunidad de San Isidro Aguas Amargas, municipio de Othón P. Blanco.
Indica que dicho acto se hizo del conocimiento del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 24 de enero de 2014, por medio del presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui, a través de un oficio, conforme al informe rendido por el coordinador de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones de Othón P. Blanco, Tomás Juárez Ramírez, donde se indica que los policías de Campeche argumentaron que dicho territorio pertenece a Campeche, porque la SCJN había resuelto favorablemente para esa entidad la controversia 9/97, e insistiendo el gobierno campechano que, en caso de que los habitantes de la citada comunidad fueran omisos ante tal lanzamiento, se utilizaría la fuerza pública para tal cometido.
En el caso de la orden del Gobierno del Estado de Campeche de efectuar un censo sobre instituciones educativas del Estado de Quintana Roo, se trata de las ubicadas en la localidad de 16 de Septiembre, municipio de Othón P. Blanco, con la lista de nombres de todos los alumnos, con sus respectivas calificaciones, para hacer un proceso de preinscripción, acto del que tuvo conocimiento el Estado de Quintana Roo el pasado 14 de febrero en curso.
De esta forma, el Estado de Quintana Roo logró el propósito de revivir la controversia constitucional de límites contra Campeche y hacer que la SCJN atiende su demanda de nueva cuenta, luego de que el año pasado en dos ocasiones no se pudo lograr que se obligara al Senado de la República a devolver los expedientes que le fueron turnados en 2005 y que nunca resolvió.
No obstante, el Estado de Campeche, como demandado, tiene la opción legal de promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de reclamación para combatir este auto de admisión dictado por la ministra instructora Margarita Beatriz Luna Ramos, por lo que es muy probable que el primer debate en el pleno del Máximo Tribunal del país sea sobre si fue correcto o no el reinicio de esta añeja controversia constitucional por los límites entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)