CHETUMAL, MX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le propinó un segundo revés al estado de Quintana Roo luego que declaró infundada la controversia constitucional 52/2011 que promovió el gobierno del estado contra el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), por los resultados definitivos del censo de población y vivienda 2010.
La Segunda Sala del Poder Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sesión del 5 de marzo de 2014, el ministro ponente José Fernando Franco González Salas dictó la resolución de la controversia constitucional 52/2011 y la declaró “procedente pero infundada la controversia constitucional” y declaró la validez de los actos impugnados.
La controversia constitucional 52/2011 que promovió el gobierno del estado de Quintana Roo, fue contra el presidente de la República y otra autoridad, por los resultados definitivos del censo de población y vivienda 2010 del estado de Quintana Roo, expedido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 3 de marzo del año 2011 y notificados al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo mediante oficio número 100./77/2011 de 3 de marzo de 2011 y otros.
Sin embargo, el ministro ponente José Fernando Franco González Salas, la declaró “infundada”.
Cabe destacar que el pasado 12 de mayo de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la demanda de controversia constitucional presentada por el estado de Quintana Roo contra el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) para invalidar los resultados del Censo de Población 2010 en lo que toca a la población de Quintana Roo y contra el Poder Ejecutivo Federal por la reducción de participaciones y aportaciones federales al estado como consecuencia de ese censo.
El ministro instructor de la controversia 52/2011, José Fernando Franco González Salas, emitió el auto de admisión de la demanda, que fue presentada el pasado 15 de abril por el gobernador Roberto Borge Angulo y el subprocurador de Justicia de la Zona Sur Mateo Avila Arceo, en calidad de representantes del Poder Ejecutivo, y ratificada por el Poder Legislativo y el Poder Judicial en días pasados, con lo que quedó cubierto el único requerimiento de subsanación que había hecho la Corte.
Los resultados del censo fueron notificados a Quintana Roo el pasado 3 de marzo del 2011. El resultado oficial fue de un millón 325 mil 578 habitantes, por un millón 134 mil 209 del Conteo de Población de 2005.
Pero el estado argumentó en la controversia que los resultados del censo 2010 dejaron de incluir a 191 comunidades de Quintana Roo, con un total 27 mil 581 habitantes, lo que causó agravio a esta entidad federativa y a sus municipios en la reducción del monto en las aportaciones percibidas, con lo que impactan de manera directa en el índice de marginación y pobreza extrema, causando una afectación sustantiva en la asignación de recursos derivados del presupuesto anual de egresos de la federación.
Asimismo, consideró que el acto del INEGI constituye un acto de privación de los derechos que la Ley de Coordinación Fiscal le otorga a Quintana Roo y sus municipios, en clara contravención al artículo 14 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Inegi es una autoridad que carece de competencia constitucional para modificar la superficie territorial de las entidades federativas.
Además, argumenta que el acto del Inegi carece de fundamentación y motivación al no expresar razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su emisión, los cuales debieron ser reales, ciertos e investidos de la fuerza constitucional y legal suficiente para suprimir a Quintana Roo la porción de su territorio en la que se asientan las 191 localidades excluidas de la información del censo poblacional.
Advierte que el Inegi sólo tiene la facultad para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia, pero no está facultado para alterar, modificar o suprimir superficie territorial de una entidad federativa, como está ocurriendo.
Por eso, consideran que los resultados expedidos constituyen un exceso de las facultades constitucionales del Inegi.
El primer fallo de la SCJN a favor de Campeche
Es necesario informarle al lector que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anteriormente resolvió a favor del estado de Campeche la controversia constitucional 13/1997 y 30/2013-CA, en el sentido de que existe imposibilidad jurídica para solicitar al Senado los expedientes originales de las controversias constitucionales.
En sesión privada celebrada en junio de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los recursos de reclamación 29/2013-CA, derivado de la Controversia Constitucional 13/1997 y 30/2013-CA, derivado de la Controversia Constitucional 9/1997, promovidos por el estado de Quintana Roo en contra de la determinación del Tribunal Pleno adoptada en sesión privada de tres de junio de 2013, en el sentido de que existe imposibilidad jurídica para solicitar al Senado de la República que remita a ese Alto Tribunal los expedientes originales y sus anexos de las citadas controversias constitucionales.
En su resolución, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes los referidos recursos de reclamación promovidos por el estado de Quintana Roo, al considerar que la determinación del Tribunal Pleno impugnada es definitiva e inatacable por haber sido pronunciada por el órgano jurisdiccional de carácter terminal dentro del sistema jurídico mexicano Y la misma no constituye una sentencia definitiva sobre el problema limítrofe.
No obstante la desestimación de los referidos recursos de reclamación, la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja expedito el derecho del estado de Quintana Roo de promover el medio de control constitucional que corresponda para lograr obtener una declaración judicial sobre la franja territorial que disputa con los estados de Campeche y Yucatán.
Este nuevo episodio en el litigio constitucional que desde el año de 1997 mantiene el estado de Quintana Roo en defensa de la integridad de su territorio, derivó de la insistente negativa de la mesa directiva del Senado de la República de devolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes de las controversias constitucionales 9/97 y 13/97 que ésta le había remitido con motivo de la reforma constitucional de diciembre de 2005, que trasladó al órgano legislativo la competencia para resolver los conflictos limítrofes entre entidades federativas, y de la reforma constitucional de octubre de 2012 que devolvió dicha competencia al máximo tribunal de la nación.
Sin embargo, el gobierno del estado de Quintana Roo promovió una nueva controversia constitucional por el motivo de conflicto de límites contra el estado de Campeche, y requirió al Senado de la República que le remita los expedientes de la las controversias constitucionales originarias de 1997, como parte de las pruebas a estudio dentro del nuevo juicio.
El pasado 26 de febrero de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó auto de admisión a la nueva controversia constitucional y fue marcada con número de expediente 21/2014.
Es así como el largo litigio por el conflicto de límites entre Campeche y Quintana Roo, iniciado por la creación del municipio campechano de Calakmul vuelve a ser atendido por el máximo tribunal del país.
La SCJN con sus fallos provoca a la violencia en la zona limítrofe
El presidente del Comité Cívico Pro-defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, Luis Ramón Villanueva García, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con las dos controversias constitucionales resueltas a favor del estado de Campeche, no es garante de la legalidad sino que se encuentra sometida a intereses políticos.
La SCJN y el Senado de la República provocan a la violencia, al no conducirse bajo un marco de legalidad y de no respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Villanueva García afirmó que trabajará junto con su equipo para averiguar quién o quiénes están detrás de la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
PRIMERAMENTE HAY QUE RECONOCER LO SIGUIENTE:
1.- QUE QUIEN LA CAGO DESDE EL PRINCIPIO ES EL GOBIERNO DEL ESTADO.
2.- ASIMILAR QUE DE LOS ESTADOS EN CONFLICTO QUINTANA ROO ESTA JODIDO EN SU DEFENSA.
3.- QUE AHOGADO EL NIÑO QUISIERON TAPAR EL POZO, PERO LOS ESTADOS MAS ANTIGUOS Y CON EXPERIENCIA SE CHINGARON A LA DEFENSA DE Q ROO.
4.- QUE LA DEFENSA DE Q. ROO, ESTA INTEGRADA POR DINOSAURIOS DEL PRI EN Q ROO, Y POR TANTO, ESTAN CON UNA VISIÓN ATRASADA DE COMO LLEVAR ESTE LITIGIO EN LAS INSTANCIAS A DONDE ACUDIERON.
5.- QUE ESTO SUCEDE POR QUE SIGUEN SIENDO LOS MISMOS PRISTAS QUIENES NOS GOBIERNAN Y POR TANTO SOLO LE ANDAN DANDO VUELTAS A LO MISMO Y CON LO MISMO Y CON LOS MISMOS.
6.- ESTO DEBE SER UNA LECCIÓN PARA EL TRIPON DE BETO BORGE, QUE CON SUS BERRINCHITOS NO LOGRA NADA Y SOLO QUEDA EN EVIDENCIA DE QUE ES UN PENDEJO CON TODO Y GABINETE, Y SOBRE TODO, QUE EN CUESTION JURIDICA SE LAS PELO A CAMPECHE Y YUCATAN
ya es tiempo de que se den cuenta y corran a sergio varguez chan, ese es el culpable y corrupoto que estuvo vendiendo informacion a diestra y siniestra junto con gagnebet. Investiguenlo y verán que ese se vendio dañando a nuestro estado.Los que nacimos aqui estamos encabronados con esta que viene de otro estado y por eso les vale mnadre quintana roo sergio es de yucatan.
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