CANCÚN, MX.- El gobierno de España a través del juez español Javier Gómez Bermúdez, ordenó la intervención financiera de los dos proyectos del Banco Sabadell en Puerto Cancún, denominados Maioris Tower y Novo Cancún.
La intervención financiera tiene como objetivo el determinar cuántos recursos se utilizaron en ambos proyectos, por parte de la Caja de Ahorro del Mediterráneo, organismo que ha sido desmantelado por el gobierno ibérico por los delitos de fraude y lavado de dinero.
El gobierno federal ha comenzado a sostener que Puerto Cancún sirvió para disfrazar y tender camuflaje, para que la CAM manejara de forma ilegal recursos y además cometiera fraudes bancarios.
Por esta razón, la orden llegó luego de que el juez, encargado del caso, exigiera la revisión de la reestructuración bancaria que hiciera Sabadell para adquirir la propiedad de los dos proyectos de capital español en Puerto Cancún.
A esta investigación se le suma el hecho de que en Cancún propietarios de los condominios Novo Cancún, iniciaron un proceso penal en contra de los desarrolladores, por no entregar completas las obras.
La demanda se encuentra establecida en la procuraduría de justicia por el delito de fraude en agravio de los propietarios, y es en contra de la empresa desarrolladora española Hotelera H.M., S. A de C. V., brazo administrativo del Banco Sabadell en Cancún.
Puerto Cancún camuflaje de la CAM
Desde el 29 de noviembre pasado, el gobierno español intervino a la Caja de Ahorro del Mediterráneo, CAM, por delitos relacionados con lavado de dinero y fraude, debido a que no justificaba montos y manejo de recursos en varias partes de América Latina, sobre todo en el Caribe.
En el caso de Cancún, la CAM fue socio de Puerto Cancún e invirtió recursos en dos facetas, la primera con la desarrolladora Hansa Urbana y posteriormente directamente con la CAM, para poner en marcha dos proyectos: Maioris Tower (proyecto de tres edificios de 20 pisos divididos en 115 condominios de lujo) y Novo Cancún (tres torres condominales y residencias unifamiliares).
Hansa Urbana fue la primera en abandonar Puerto Cancún con pleito legal de por medio. Posteriormente llegó la CAM, la cual adquirió directamente el proyecto de Novo Cancún, sin embargo, a raíz de las investigaciones del gobierno español, traspasó a Sabadell el proyecto mediante una reestructura bancaria.
Esta acción buscaba evitar la investigación a fondo del gobierno español, sin embargo, esto no pudo evitarse, ya que se giró la orden de revisar las cuentas y los manejos de CAM hacia Sabadell por Novo Cancún.
Cabe señalar que el juez español que dirige las investigaciones en las que figura Puerto Cancún y otros hoteles y terrenos del Caribe mexicano, Javier Gómez Bermúdez, tiene 51 años, es magistrado y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trata los temas de terrorismo y otros temas colaterales como lavado de dinero y tráfico de armas. Se le considera una persona, “incansable” y obsesionado con su dejar cabos sueltos en sus sumarios. Presidió el macroceso que se desarrolló contra varias células de Al Qaeda, quienes atentaron en Madrid, un 11 de marzo del 2004.
La decisión del juez Javier Gómez Bermúdez de dictar órdenes de busca y captura de los directivos de la CAM, de manera urgente, lo justificó ante el conocimiento de una fuga masiva hacia la isla de Curaçao, un paraíso fiscal, donde no existe un acuerdo de extradición con España.
Hay varios fugados. La Guardia Civil de España, en colaboración con otras policías del Caribe y la Interpol están rastreando el paradero de esos cuarenta ladrones, los ‘Mediterráneo’, quien terminaron también en Puerto Cancún, para camuflar sus malos manejos con dineros ajenos.
La demanda contra Novo Cancún
A la investigación del gobierno español se suma el hecho de que 180 propietarios de las Torres A y B de la unidad Condominio Maestro Novo Cancún, presentaron una demanda ante la Procuraduría de Justicia del Estado en contra de la desarrolladora española Hotelera H.M, S. A de C. V.
La demanda se presentó debido a que la desarrolladora, perteneciente al Banco Sabadell, no entregó por completo la obra y realizó acuerdos sin tomar en cuenta a los propietarios, para no pagar la parte correspondiente al mantenimiento de áreas comunes.
La demanda es del orden de 24 millones de pesos en agravio de los propietarios, quienes tuvieron que pagar esta cantidad a lo largo de los últimos cuatro años, ante la irresponsabilidad legal de la desarrolladora.
La demanda está interpuesta bajo el expediente AC-121/2014, en la subprocuraduría de justicia, en donde se señala al representante de Hotelera H. M. S.A de C. V., Gilabert Boyer ante la autoridad ministerial. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
