(Foto: Ángel Solís/@periodistasqroo)

El Gobierno se ve perdido y alienta un falso debate en la impresentable ley priista denominada de Ordenamiento Social y a la que ya se le conoce como “Ley Borge”.

Y es que ahora se pretende confundir manzanas con huayas, al establecer ejemplos de otros estados e incluso de otros países.

Para empezar, la problemática de Cancún es muy diferente a la del Distrito Federal. El primero es un destino turístico y el segundo, es la capital del País. Por ser precisamente la capital del País, el D.F. es destino de las inconformidades de todo México.

También se ponen ejemplos de otros países. El detalle es que en esos otros países, el gobernante, ya sea el presidente, el gobernador o el Alcalde está muy acotado por las leyes. No es como en otros lugares en lo que, así nomás, el Gobernador toma el avión “oficial” y se va a un partido de beisbol o al “cumple” de un “cuate”.

Antes de pretender regular las marchas, primero se tendrían que acotar los excesos del Ejecutivo estatal y de los Alcaldes.

No regula, esta ley va directo a restringir las marchas: hay que pedir permiso 48 horas antes y dando santo y seña de los organizadores.

Pero, además, no se puede protestar en edificios de valor histórico -el palacio de Gobierno o los palacios municipales-, ni de valor cultural -el Monumento a la Patria (“La Lavadora”) de Cancún o el Mueso de la Cultura Maya, de Chetumal-, ni en vías principales -las avenida Tulum (de Cancún) o Héroes de Chetumal-, y tampoco se pueden pronunciar consignas -como esa clásica de “one, two, three, chin… el PRI”-, porque serían consideradas “injurias”.

Y esta ley de marras es muy clara en que si los que osan manifestarse no cumplen estos límites, pues entran los granaderos y “disuelven” la manifestación.

En realidad, la “Ley Borge” sigue una tendencia de intolerancia y totalitarismo, como ha sido el intento de desaparecer o acallar a medios de comunicación y periodistas, la intimidación a actores de la oposición y, por supuesto, el “mega fraude” electoral del 2013, con el que el PRI se quedó con todo, en una elección por demás “subsahariana”.

Dicho sea de paso, las protestas más recientes en la entidad, las de los maestros y la de los taxistas, fueron causadas por el Gobierno.

Los maestros salieron a las calles porque la SEyC se quedó con sus cuotas del Issste y pagos al Fovissste, y los taxistas se inconformaron porque el Gobierno empezó privilegiar a las transportistas, que están amafiados con los hoteles.

Muy simple: si el Gobierno hiciera bien su trabajo, no habría protestas.

Pero, como diría uno de los máximos ideólogos del PRI: “No se hagan bolas”. La ley de Ordenamiento Social no es para cuidar al turismo es para acallar disensos y consolidar un estado autoritario.

Y se pretende usar, otra vez, el “sacrosanto” nombre del turismo, para justificar la cancelación de libertades.

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