Los medios vendidos nos pintan una imagen tolerante del gobernador. Dicen que “por sensibilidad” difirió la publicación de su “ley mordaza”, denominada eufemísticamente “de Ordenamiento Social” o “Cultura Cívica”. Pero los hechos dicen otra cosa.
La manifestación del viernes pasado, criticada por los jilgueros del régimen como “de 20 personas” (la cifra real, según periodistas no alineados, llegó al centenar, pero debe multiplicarse al menos por mil, tomando en cuenta a la gente que opina igual pero no pudo acudir, de Morena, Congreso Popular, maestros de tres sindicatos, padres de familia, estudiantes y pueblo en general), llegó a puertas de Casa de Gobierno en Chetumal. No esperaríamos encontrar al gobernador a la puerta, listo para dialogar, pero tal vez un secretario del secretario del secretario podría haber tenido la cultura cívica (decencia) de atender nuestras peticiones, o al menos tomar nota, o al menos hacer como que tomara nota.
En cambio, encontramos vallas y policías antimotines. ¿Eso es ordenamiento social o cultura cívica? Nuestra manifestación no bloqueó calles ni agredió a nadie, y no pedimos sino respetar la Constitución de este pobre país, ¿por qué la respuesta paranoica?
La ley mordaza ya se aplica, no sólo en lo concerniente a manifestarse en la calle (recuérdense los gases lacrimógenos del General Villa en Nicolás Bravo), sino en cuanto a lo que el gobierno llama “comunicación social”, en su sistema de prensa, radio y televisión, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS.
Por una inocente llamada del público, el gustado programa de Enrique Hernández, Clásicos del Siglo XX, fue clausurado sin derecho a réplica hace ya meses. Otros programas siguen adelante, como el de Óscar , Moliendo café, y éste no es un programa sólo cultural como el de Enrique, sino abiertamente de “análisis” político.
¿Cuál análisis, don Óscar, si no es posible dialogar con usted para rebatir sus dichos y los de sus entrevistados a modo? El domingo pasado marqué a los dos teléfonos ofrecidos por el programa, y no encontré tono de ocupado: en uno jamás contestan, y en el otro remiten a una oficina que no sabe nada ni permite comunicarse con el programa, ni siquiera dejar un recado.
De haberme podido comunicar, le habría dicho a usted, y a su huésped, el abogado del gobierno, Lic. Raúl Labastida, lo siguiente:
1. Las justificaciones legaloides del Lic. Labastida, y por su boca del gobierno estatal priísta, son falaces, desde el momento en que la ley adolece de subjetividad interesada. Usted mismo, Óscar, se refirió a los disidentes de esta ley como “recalcitrantes”. Su dicho es subjetivo y es interesado, interesado en favor de su patrón, el gobierno. Denigra al contrincante sin oportunidad de réplica.
2. La ley habla de coartar la libertad de expresión sólo en algunos casos, como el de proferir injurias. Otra vez subjetividad: ¿quién define qué es una injuria? En Morena sostenemos que los diputados locales y federales que votaron la reforma energética son traidores a la patria. ¿Eso es una injuria? Para nosotros es una simple y fiel descripción, y la hemos justificado ampliamente, pero el gobierno podrá interpretar nuestra expresión como le convenga. Anteriormente la periodista Lydia Cacho describió a Borge como regordete, ¿es injuria eso, o simple descripción, que puede justificarse con una cinta métrica?
3. La ley habla también de limitar la libertad de expresión en zonas históricas y avenidas principales, entre otros sitios. Preguntamos: ¿no son ésos sitios públicos? Lo son. Prohibir manifestarse allí es llanamente una exclusión del espacio público en favor de la autoridad reinante.
4. Dicen que la ley no tiene destinatarios, don Óscar y don Raúl, pero ellos mismos mencionan como ejemplos de “recalcitrantes” a los maestros y a los taxistas. Entonces, obviamente son esos gremios en particular los destinatarios de esta iniciativa, y por extensión cualquier grupo social que ose defender sus derechos laborales, políticos o sociales.
5. Finalmente, también hay un destinatario “en positivo”, que es el poder económico, el sector turístico. Con el pretexto de la “mala imagen” se obliga a sindicatos, partidos y comunidades a callar. Morena pregunta: ¿no son una peor imagen los cinturones de miseria que el desarrollo turístico desaforado de Cancún y Playa del Carmen han creado? ¿Por qué se sigue permitiendo la destrucción del ambiente y la pauperización de la sociedad, a expensas de una industria hotelera que, efectivamente, crea mucha riqueza (nos lo repiten cada 15 minutos en el radio, Quintana Roo crece al 6.8% anual, por encima de la media nacional), pero de ninguna manera la distribuye adecuadamente?
La ley mordaza viola la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por más maromas leguleyas que le den los juristas asalariados del régimen. Morena y otros grupos populares no vamos a obedecer una ley injusta. Cuando una ley es injusta, la moralidad y la ética nos obligan a desobedecer.
Nada de esto es una injuria, señores diputados traidores a la patria, señor gobernador autoritario.
Y, señores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social: ojalá algún día tengan la decencia de darse cuenta de que “comunicación social” es eso, diálogo con la sociedad, no pura propaganda del gobernante en turno.
Totalmente de acuerdo
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