La Ley “Anti-marchas” también terminó dividiendo a la CROC, la central obrera más importante de la entidad.
Y es que por un lado, el dirigente estatal de la CROC, el plurinominal Martín de la Cruz, alzó la manita a favor, por el otro, el líder municipal de esa central obrera en Benito Juárez, Mario Machuca, optó por salir de la sesión.
De hecho, varios priistas no estuvieron de acuerdo en la iniciativa presentada por Juanito Carrillo, pero no les quedó más que sumarse a la borregada, aunque Machuca optó por desaparecer.
Y de plano, el diputado del Panal y el dirigente de la sección XXV del SNTE, Emilio Jiménez, que es como un priista “de facto”, decidió no presentarse a la sesión, aunque a algunos de sus amigos les dijo que iba en camino.
Lo cierto es que, por esencia, los sindicatos no podrían sumarse a esta Ley “Anti-marchas”.
Pero, por lo pronto, ha quedado en claro que en Quintana Roo hay dos tipos de líderes sindicales: los que se agachan y los que se esfuman.
Solución, unirse para derrocar a la imposicion
ABUSADOS DESPUES DE ESTA LEY QUE COARTA NUESTRAS LIBERTADES DE MANIFESTACION VIENE LA LEY CONTRA UN INTERNET LIBRE…ABUSADOS MIENTRAS ESTAMOS EN LA LELA, ESTOS IDIOTAS DEL PRI CON SUS ACHICHINCLES DEL PAN, PRD Y PT NO LLEVAN AL PUNTO DE ESCLAVOS, VEAN:
POR ENRIQUE GALVAN OCHOA
Mientras la atención pública se mantiene entretenida con la guerra de las televisoras y los ‘‘preponderantes’’, el gobierno priísta maquina un golpe contra el espacio de expresión más libre del país: Internet y las redes sociales. La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió Enrique Peña Nieto al Senado atenta contra los derechos humanos y la privacidad de los usuarios de Internet, dice Luis Fernando García, abogado especialista en la materia e integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Uno de los aspectos más preocupantes es el referente a la llamada ‘‘colaboración con la justicia’’. En el artículo 197, fracción 7, se establece que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deben bloquear o inhibir la señal en lugares críticos para la seguridad nacional, lo cual abre la puerta para que se bloqueen las comunicaciones en manifestaciones y marchas, o concentraciones, impidiendo a las personas que se comuniquen entre sí y denuncien abusos de autoridad. ‘‘Se trata de una medida desproporcionada y violatoria de la libertad de expresión y los derechos humanos, y así lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos’’, apuntó García. En cuanto a la privacidad de los usuarios, la ley indica que las empresas deberán conservar registro de las comunicaciones de todos sus usuarios por dos años o hasta por tiempo indefinido. Esto incluye llamadas, mensajes, nombres e incluso datos de geolocalización de los celulares, con lo que ‘‘se revelará mucha información del contenido de las llamadas, el dónde, a qué hora y para qué de las comunicaciones’’. La iniciativa plantea además que las policías, la Sedena, la Marina o el Cisen puedan solicitar esta información sin autorización judicial. No resistió el gobierno las críticas en las redes sociales, aun cuando tiene contratados a todo tipo de bots que lo defienden y alaban su actuación. La idea es tener una Internet parecida a Televisa: que calle lo malo que sucede en el país.
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