CHETUMAL, MX.- A pesar de que el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no encontró faltantes en la cuenta pública del 2012 del Ayuntamiento de Benito Juárez, el Congreso de Quintana Roo, controlado por el PRI y sus aliados, aprobó una solicitud de última hora enviada por el sindico municipal de Paul Carrillo, Guillermo Brahms, para que se reabran las cuentas de Julián Ricalde y sean nuevamente revisadas ante al suposición de irregularidades, en una maniobra denunciada como “oportunista” y “revanchista” del actual gobierno priista en contra de la anterior administración perredista.

Mientras tanto, las cuentas de otros nueve ayuntamientos -seis de ellos con observaciones de presuntas inconsistencias– fueron aprobadas por mayoría.

Con la aprobación de las cuentas, la Auditoría Superior fue instruida para continuar con los procedimientos de fincar responsabilidades, aplicación de sanciones y, en su caso, formular las denuncias correspondientes en contra de ex funcionarios de siete municipios donde se detectaron inconsistencias.

En una maratónica sesión, 24 de los 25 diputados que integran la XIV Legislatura, en total calificaron cuentas públicas de los 10 ayuntamientos de Quintana Roo y de 17 entidades paramunicipales, en donde quedó en evidencia una política de dos varas para, por un lado, exhibir y castigar a los ayuntamientos “incómodos”, y por el otro, encubrir y absolver a los municipios aliados del Gobernador.

Así, mientras las cuentas del Ayuntamiento de Benito Juárez serán sometidas nuevamente a una revisión, las cuentas del Ayuntamiento de Solidaridad se aprobaron sin ninguna observación a pesar de que en este municipio se denunció un endeudamiento millonario por parte de los actuales diputados priistas Filiberto Martínez Méndez y José Luis “Chanito” Toledo Medina, quienes fungieron como alcalde y tesorero, respectivamente, con el pretexto de obras que no se hicieron o fueron dejadas inconclusas.

Aquí, el diputado perredista Jorge Aguilar Osorio fue el único en cuestionar la aprobación de la cuenta pública de Solidaridad al denunciar que él mismo constató como una decena de obras que se debieron construir con un crédito de 386 millones de pesos solicitados por el Alcalde Filiberto Martínez no se terminaron, por lo que pidió una “explicación lógica” sobre dónde quedó el dinero que se sumó a la deuda del municipio que hoy representa un lastre de 780 millones de pesos.

“Nos encantaría saber dónde quedó este dinero”, insistió Osorio, quien puso una nota de realidad al inverósimil informe de la Auditoría Superior del Estado sobre la cuenta pública de Solidaridad que, pese a la mega deuda, apareció “limpia”.

Sin embargo, la pregunta del diputado perredista no obtuvo respuesta porque ni Filiberto Martíenez, ni “Chanito” Toledo se dieron por aludidos y prefirieron callar en espera de que sus compañeros de bancada aprobaran, como ocurrió por mayoría, el informe de la cuenta pública.


CANCÚN, UN “CASO ESPECIAL”, CON TUFO DE REVANCHISMO POLÍTICO

Pero mientras Solidaridad era absuelto apenas sin cuestionamiento, con la otra vara de la política, la mayoría priista en el Congreso y sus aliados arremetieron contra la cuenta pública de Julián Ricalde.

Aquí, cabe mencionar que se leyó el informe de la Auditoría Superior del Estado que no encontró inconsistencias ni irregularidades en las cuentas públicas del 2012 y, por lo contrario, aseguró que todas las observaciones fueron solventadas adecuadamente.

Sin embrgo, en la lectura del informe se expuso que se había recibido, de última hora, una solicitud del actual síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brahms, para que las cuentas volvieran a ser revisadas ante la presunción de irregularidades en base a revisiones hechas por funcionarios municipales.

Así las cosas, se solicitó el voto de los diputados, no tanto para aprobar o rechazar la cuenta pública de Julián Ricalde sino para aceptar la solicitud de revisión de la pasada administración.

En este punto, cinco diputados se anotaron para hablar a favor y contra.

Así, la diputada priista Marybel Villegas, aunque antes estuvo en el PAN y el PRD, denunció “corrupción” y “excesos” en el Gobierno de Ricalde y se pronunció a favor de revisar “con lupa” la cuenta pública del 2012 atendiendo la petición del síndico de transparencia.

Posteriormente, el diputado priista Juan Carrillo también se sumó a los cuestionamientos en contra de la anterior administración perredista y pidió aclarar presuntas irregularidades, aunque durante la aprobación de la cuenta de Solidaridad nada dijo.

Por su parte, en defensa de Julián Ricalde subió a tribuna el diputado perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio, quien dijo que aunque la solicitud del síndico no entró por el canal correcto, la celebraba porque ellos estaban a favor de la claridad y la transparencia, pero señaló que si se iban a abrir las cuentas públicas de un gobierno perredista, habría que ser parejo y revisar también las cuentas de otros municipios y del Gobierno del estado e, incluso, las del propio Congreso.

Sin embargo, advirtió que no se estaban aplicando criterios de equidad, al tiempo que denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez que preside Paul Carrillo tampoco podía hablar de transparencia cuando acababa de despedir a empleados municipales de esa misma área por revelar información sobre el dinero que se destina a medios afines para el golpeteo político.

“Por el abono y bien de la democracia que se hagan revisiones, pero que se haga parejo”, expuso.

Luego le tocó el turno al diputado del Movimiento Ciudadano, Luis Roldán Carrillo, quien no dudó en calificar de “oportunista” la “solicitud especial” del Ayuntamiento de Benito Juárez para revisar las cuentas de la anterior administración porque además se ponía en duda un informe de la ASE que consideró hecho de manera profesional, y en el que no se detectaron irregulariddes en ese periodo.

Advirtió que la solicitud del Alcalde Paul Carrillo contra su predecesor era una “revancha” no lícita que ignora el trabajo previo de revisión de cuentas de Ricalde.

Por lo tanto, propuso rechazar la solicitud de revisión porque, además, violaba el principio de equidad, ya que si se autorizaba revisar a Ricalde, entonces se tendría que aplicar el mismo criterio a otros municipios e instancias de gobierno.

El último de los diputados en hablar fue el petista Hernán Villatoro, quien quiso ajustar cuentas de la administración de Ricalde que les quitó varios puestos durante su adminstración por presuntas irregulariddes, por lo que desde un principio arremetió contra su gobierno y no sólo pidió revisar sus cuentas sino también el papel del Auditor del gobierno por hacer un informe que no detectó anomalías en el caso de Benito Juárez.

Curiosamente el Villatoro que hablaba de revisar cuentas de Julián Ricalde era el mismo Villatoro que momentos antes había avalado sin chistar las

cuentas de Filiberto Martínez y “Chanito” Toledo en Solidaridad en base a un criterio de “amistad”, como él mismo lo confesó durante un receso de la sesión cuando hablaba con otro colega sin percatarse que el micrófono del curul estaba abierto.

Al final, los diputados votaron por mayoría aceptar la solicitud de revisión de la cuenta pública del 2012 hecha por el síndico del actual Ayuntamiento de Benito Juárez.


LA POLÉMICA POR EL FALTANTE EN LÁZARO CÁRDENAS Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS

Por otra parte, el informe de la cuenta pública de Lázaro Cárdenas, que también fue aprobado, resultó otro de los más polémicos al establecer un supuesto faltante de más de 35 millones 129 mil durante la administración de Trinidad García, actual diputada en el Congreso que se excuso de votar este punto, aunque dijo no compartir el dictamen.

Trinidad García, que subió a la tribuna para responder a las críticas que le realizó el diputado Luis Roldán a su administración, denunció que todo era un “teatro armado” y una revancha política, al tiempo que aseguró que cuenta con todos los comprobantes para demostrar que no incurrió en desvío de recursos, los cuales presentará ante las instancias correspondientes en su debido momento.

Además, el Congreso aprobó por mayoría las cuentas de José María Morelos, en el periodo que gobernó Domingo Flota, con un monto no comprobado de poco más de 923 mil pesos, así como la cuenta del Cozumel que, a pesar de la mala administración de Aurelio Joaquín González, sólo se detectó un faltante de 152 mil pesos y otros 61 mil pesos en el DIF.

En el caso de Tulum, se aprobó el informe de la cuenta pública con un faltante de poco más de 5 millones 129 mil pesos, así como la cuenta pública de Carlos Mario Villanueva Tenorio en el municipio de Othón P. Blanco, al que sólo le atribuyeron un supuesto faltante de poco más de 4 millones 463 mil pesos.

También se aprobaron las cuentas de Isla Mujeres, con un monto sin solventar de poco más de 3 millones 114 mil pesos; y de Felipe Carrillo Puerto, que gobernó el polémico Sebastián Uc Yam, con un faltante de 2 millones 895 mil pesos.

La cuenta del municipio de Bacalar fue aprobada sin observaciones.

Con la aprobación de las cuentas públicas de los municipios se clausuraron los trabajos del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la actual Legislatura, por lo que se procedió a elegir a los integrantes de la Comisión Permanente que presidirán el diputado José Luis Toledo Medina como presidente y Pedro Flota como secretario. La Comisión Permanente quedó integrada, además, por los diputados: Filiberto Martínez, Hernán Villatoro, Luis Roldán, Emilio Jiménez y Perla Tun. (Noticaribe)

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