CIUDAD DE MÉXICO.- A seis meses de que venza el plazo para que los gobiernos estatales cumplan con todos los criterios impuestos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), sólo 14 de las 32 entidades cubren las necesidades de transparencia y disponibilidad de información fiscal que ésta demanda.

De acuerdo con la consultoría aregional, sólo los estados de México, Puebla, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Baja California Sur, Oaxaca, Colima, Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Yucatán y Chihuahua cumplieron de manera satisfactoria la edición 2014 del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF 2014), que mide la accesibilidad, nivel de desagregación y claridad de la información referente al gasto público en los gobiernos locales.

Este grupo obtuvo una evaluación de entre 96.6 y 86.4 puntos, en una escala de cero a 100.

Noemí García Carrillo, coordinadora del área de Transparencia en aregional, reconoció que actualmente sólo los estados con más de 85 puntos podrían cumplir con las disposiciones de la ley.

Para el final del 2015 —recordó— vencerá el plazo para que los gobiernos municipales cumplan con ésta, los cuales cuentan con un retraso aún mayor en el nivel de transparencia, por lo que desestimó que se alineen a cabalidad con lo estipulado, por el atraso en que incurren la mayoría en cuanto a capital humano y técnico.

“En teoría, al final del año tendrían que estar todos parejos. La Ley General de Contabilidad Gubernamental entró en el 2009; el plazo fatal era el 2012 y estamos hablando de que como no se cumplió, se volvió a plantear. En las entidades realmente sí hay forma de cumplirlo, pero los municipios no lo van a hacer, porque se carece no de decisión, simplemente no hay recurso”.

El indicador considera cinco bloques: marco regulatorio, costos operativos, marco programático presupuestal, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.

A MITAD DE CANCHA

En un nivel medio están Aguascalientes, Chiapas, Tamaulipas, Coahuila, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Distrito Federal y Michoacán, los cuales obtuvieron entre 83.4 y 72.9 puntos.

Éstos cuentan con un buen nivel de disponibilidad de información; sin embargo, no es así en cuanto a desagregación y claridad.

En el sótano están Baja California, Tlaxcala, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo y Morelos, con una calificación por debajo de 61 puntos, y en donde existen carencias de información fiscal disponible en línea, ésta es poco clara y no existen series históricas ni desagregación de los datos.

SE LES ACABÓ EL TIEMPO

La Ley General de Contabilidad Gubernamental establecen los criterios básicos para que los gobiernos subnacionales se apeguen a los principios de transparencia y rendición de cuentas sobre información fiscal.

En una primera instancia, estos objetivos deberían haber sido cumplidos desde diciembre del 2012, pero la fecha final fue aplazada para el último mes de este año, ante la incapacidad de los gobiernos estatales para cumplirlos.

Como sanciones, la ley establece penas de dos a siete años de prisión y multas de entre 1,000 y 500,000 días de salario mínimo a quien la incumpla, oculte o falsee información fiscal.

ATRASADOS, PERO CON AVANCES

A pesar de que los estados mal calificados difícilmente van a cumplir con sus obligaciones legales, la consultoría reconoció que existen avances importantes en materia de transparencia fiscal.

Mientras en el 2013 las entidades federativas promediaban una calificación de 70.8 puntos, para este año el promedio fue de 74.6, alcanzando el máximo histórico en esta métrica. Tan sólo en su primera edición, en el 2002, la calificación media apenas se colocaba en 49 puntos, evidenciando el avance de los últimos años. (Fuente: El Economista)

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