CIUDAD DE MÉXICO.- José Manuel Mireles, ex líder de las llamadas autodefensas en el estado de Michoacán, tramitó una demanda de amparo ante supuestos actos de incomunicación, tortura, tratos crueles y degradantes y otras violaciones a sus garantías individuales y derechos humanos, informó su abogada Talía Vázquez.
La litigante explicó que el médico Mireles fue trasladado a un penal federal con sede en el estado de Sonora sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento de averiguación previa.
Según Vázquez, Mireles fue torturado sicológicamente por los policías federales que lo detuvieron.
“La tortura psicológica consistió en que cuando detuvieron al doctor Mireles inmediatamente le taparon la cabeza con una capucha de tela, y al darse cuenta que aún podía ver, le vendaron los ojos y lo obligaron a mantenerse con la cabeza agachada mientras los policías se burlaban de él durante más de cinco horas”, expuso la abogada.
La defensora rechazó que Mireles hubiera sido detenido en posesión y portación de armas largas, entre ellas rifles R-15 y otros de uso exclusivo del Ejército mexicano, como lo asegura el parte policíaco mediante el cual fue consignado ante un juez en Hermosillo.
Añadió que también fue presentada una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la probable violación a garantías y derechos naturales en perjuicio de Mireles, ya que de confirmarse que sufrió tortura psicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes los agentes aprehensores habrían violado no sólo artículos de la Constitución mexicana, sino diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La abogada del ex líder de autodefensas michoacanas resaltó que se encuentra analizando fotografías y otras documentales para poder determinar qué escoltas del ahora detenido efectivamente estaban armados al momento de su aprehensión.
“Estamos revisando fotografías para tener detalladamente una idea clara de cuáles de sus escoltas estaban armados, pero si los escoltas están armados es porque ellos tienen las armas registradas y tenían derecho de portación de las mismas; es un trámite que el propio comisionado del gobierno federal (Alfredo Castillo) sabía de su existencia”. (Agencias)
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