MÉXICO.- Con 42 votos a favor y 14 en contra, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la creación de las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Este dictamen, que fue avalado por PRI, PAN, Verde y Panal, modifica la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la Ley de Coordinación Fiscal.
Las legislaciones establecen cómo se repartirán los ingresos petroleros y la manera en que las empresas privadas entregarán al Estado las contraprestaciones por los contratos de licencias y de utilidad y producción compartida que se les asignen.
Los diputados perredistas afirmaron que la propuesta aprobada afecta a los estados porque se les asignan menos recursos que los que han venido recibiendo cada año.
En favor del dictamen el secretario de la Comisión de Energía, Juan Bueno Torio, dijo que se está ante la posibilidad de transformar de fondo el sistema fiscal, vinculado a la industria de la energía.
La discusión en lo particular se efectuará en el pleno durante el cuarto periodo extraordinario de sesiones que inicia este lunes 28 de julio a las 11:00 horas. (Fuente: Proceso)
QUITARÍAN PARTICIPACIONES PETROLERAS A ESTADOS
Ante una eventual caída en las participaciones a los estados por ingresos petroleros, derivado de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas ayer en comisiones, diputados federales iniciaron una ronda de negociaciones con la Secretaría de Hacienda para evitar una merma en los ingresos de las entidades y municipios.
Carol Antonio Altamirano (PRD), integrante de la Comisión de Hacienda, explicó que la fórmula para la distribución de los ingresos petroleros implicaría una caída de 11 mil 779 millones de pesos para los estados, que se duplicaría con la aplicación de un artículo transitorio en la misma ley, que reduce el porcentaje de participaciones entre 2015 y 2018.
Los recursos que no se transfieran a los estados, abundó, serán retenidos por la Federación. “El gobierno federal quiere utilizar los recursos que les correspondían a las entidades como un colchón, si las estimaciones de los contratos con las empresas privadas no les cuadran. ¡Eso es una infamia! Si quiere cubrirse las espaldas cuatro años, que no lo haga con los recursos de los estados”, indicó.
Explicó que en su iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, aprobada ayer en lo general, el Ejecutivo propuso incluir en la recaudación federal participable un porcentaje de 79.73 de los ingresos petroleros, como medida para no afectar los ingresos de los estados.
Tal monto, precisó Antonio Altamirano, corresponde a las transferencias de 2013, pero si se compara con el promedio de los cuatro años recientes, existe una caída de 7.7 por ciento, equivalente a menos 11 mil 779 millones de pesos.
“Eso quiere decir que el porcentaje no garantiza lo que se prometió, y es un engaño que perjudicará a todas las entidades”, afirmó.
Refirió que además en el dictamen se incluyó un artículo sexto transitorio, que reduce el porcentaje original de 79.73 por ciento de los ingresos a 73 por ciento en 2015, y aunque se incrementa progresivamente hasta 2018, sólo llega a 76.28 por ciento.
“Con este artículo, la afectación sería de casi 23 mil 600 millones de pesos. No aceptemos esa infamia”, expresó.
Al respecto, el panista Juan Francisco Cáceres consideró necesaria una reunión de los integrantes de las comisiones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para revisar el monto real de transferencias a las entidades.
“No podemos dejar en el aire pensar que el Ejecutivo quiere perjudicar a las entidades federativas. Sí es preocupante la incertidumbre de no saber cuánto van a recibir”, señaló.
El diputado Juan Bueno Torio (PAN) explicó que se condiciona la participación del fondo de los estados y municipios productores de hidrocarburos a que éstos no impongan ni mantengan impuestos locales o municipales en materia de protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. (Fuente: La Jornada)