Otra vez, el Gobierno del estado mide con dos varas.
En el caso de Holbox, se ha desgarrado las vestiduras por la detención de 16 personas, acosadas de delitos ambientales.
El Gobierno del estado les ha patrocinado los abogados y les ha otorgado a las familias un “apoyo económico” quincenal.
Obvio, Holbox está bajo la lupa nacional e internacional y lo que menos que desea el Gobierno estatal es que se le vincule con el grupo de empresarios encabezados por Fernando Ponce.
Pero, por otra parte, inició una denuncia penal contra los campesinos mayas que han tomada las oficinas de CAPA en Felipe Carrillo Puerto en protesta por las altas tarifas.
De hecho, por bloquear el inmueble, el Gobierno del estado está en condiciones de usar su ley de Ordenamiento Cívico contra estos manifestantes.
Y la verdad, casi nadie mira a ver hacia Felipe Carrillo Puerto.