MÉXICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un exhorto a la Secretaría de Economía (SE) para que ordene la cancelación de la concesión de la mina Cananea, de Grupo México, hasta en tanto no se evalúen los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi, el jueves 7.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado priista Fidel Pacheco Rodríguez, también puso a consideración del pleno que el gobierno de Sonora, Semarnat y Comisión Nacional del Agua (Conagua) decreten la suspensión de las actividades del filón.
El legislador destacó que “la negligencia de Grupo México, empresa concesionaria de la mina Cananea, provocó el derrame de miles de litros de ácido sulfúrico en el río Sonora, con ello ocasionó que dicho afluente se contaminara con metales pesados y metaloides.
“Aunado a esto, la empresa no informó del hecho a las autoridades ni a la población, lo que impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental llegara al nivel que hoy se encuentra”, agregó.
No obstante, luego de la exposición en la Permanente, los legisladores decidieron sumar la suspensión de la concesión.
Es por ello que el legislador solicitó a la Conagua formule las denuncias correspondientes ante el MP y PGR, con el fin de que realice las investigaciones correspondientes.
Además, pidió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que impulse la creación de una comisión especial que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de sustancias contaminantes en el río Sonora.
Todo lo anterior, por el daño causado a la población de los municipios sonorenses de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
“Entre los saldos de este desastre –que es el peor en la historia de Sonora– se encuentra el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas del agua necesaria para sus actividades”, denunció.
A ello debe sumarse el cierre temporal de 88 escuelas, lo que perjudica a 6 mil alumnos, derivado de este siniestro ambiental.
“Dada la gravedad de los daños ocasionados, lo procedente es exigir a las autoridades competentes la suspensión y, en su caso, la cancelación de los trabajos de minería realizados por esta corporación, petición que se encuentra suficientemente sustentada en las leyes de Aguas Nacionales, Minera, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, porque no basta la sola aplicación de multas para sentar un precedente ejemplar”, aseveró.
También resaltó que el “ecocidio” cometido por Grupo México deberá traer aparejadas consecuencias penales, porque el Código Sustantivo establece sanciones a quien cause daños a los recursos naturales, a la flora, la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al sueño, al subsuelo o al ambiente, ya sea de manera ilícita o por dejar de aplicar medidas de prevención o seguridad en el manejo de sustancias tóxicas. (Fuente: Proceso)
