CIUDAD DE MÉXICO.- El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, son los “autores intelectuales” y por ello los presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida el pasado 26 de septiembre, informó este miércoles el procurador Jesús Murillo Karam.
A casi cuatro semanas de la desaparición, Murillo Karam señaló en conferencia de prensa que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), basadas en declaraciones de policías detenidos y en trabajo de campo, indican que Abarca ordenó a la policía local “enfrentar” a los jóvenes, para evitar que éstos llegaran al informe que ese día daba su esposa como presidenta del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Según esta línea de investigación, Abarca y sus colaboradores —ligados al grupo delictivo Guerreros Unidos— pensaron que los normalistas se dirigían al lugar para realizar una protesta, como la que llevaron a cabo en junio de 2013 frente a la alcaldía de Iguala, la tercera localidad más importante del estado de Guerrero.
“Pensando ellos que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordena (a los policías) reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula”, dijo Murillo Karam.
“Los mismos detenidos declaran que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la central y se les dice que viene de parte del A 5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala”, agregó.
Sin embargo, el procurador no precisó si la orden de Abarca incluía algo más aparte de detenerlos.
Abarca llegó a la alcaldía de Iguala en 2012, postulado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tras la desaparición de los normalistas —desde la cual no ha aparecido públicamente—, el congreso de Guerrero aprobó retirarlo del cargo.
Este miércoles, Murillo Karam informó que las investigaciones de la PGR concluyen que Abarca y su esposa son operadores de Guerreros Unidos y que la relación entre ambas partes comenzó desde su campaña al gobierno municipal.
Por esa razón y su involucramiento en la desaparición de los normalistas, la PGR ha solicitado órdenes de aprehensión en contra de ambos, así como en contra del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores; de César Nava, subjefe de la policía de Cocula, y de un hombre identificado como el Gil.
Los hechos indagados
Según la PGR, los normalistas de Ayotzinapa llegaron a Iguala a alrededor de las 21:00 horas el 26 de septiembre (local), en dos autobuses de pasajeros. Ya en Iguala, tomaron por la fuerza dos camiones más.
Policías municipales ligados a Guerreros Unidos y sus vigilantes —conocidos como halcones— informaron a la central policial de los movimientos de los estudiantes y, tiempo después, los agentes recibieron la presunta orden de Abarca de “enfrentar” a los jóvenes.
Entonces, comenzaron a perseguir los autobuses de los normalistas, les dispararon y, antes de capturarlos, causaron la muerte de tres muchachos. Durante la persecución, además, confundieron otro camión donde viajaba el equipo de futbol Avispones, hicieron disparos y mataron a otras tres personas, entre ellas un menor de 15 años que jugaba para Avispones.
Cuando los estudiantes fueron alcanzados, se les llevó al cuartel de policía de Iguala. Posteriormente, ayudados por agentes de Cocula, los policías igualenses los sacaron del lugar los trasladaron en una camioneta de redilas hacia la localidad de Pueblo Viejo.
Según las declaraciones recabadas por la PGR, fueron entregados a un hombre identificado como el Gil, presunto lugarteniente de Sidronio Casarrubias Salgado, “líder máximo” de Guerreros Unidos detenido el pasado 15 de octubre.
Al respecto, de acuerdo con Murillo Karam, Casarrubias declaró que el Gil le reportó que ocurrían “conflictos” en Iguala, los cuales atribuyó a “un grupo delictivo contrario”, no a los normalistas.
“Ante ello, Sidronio Casarrubias avala las acciones para, entre comillas, la defensa de su territorio de influencia en Iguala”, dijo el procurador a medios, sin precisar en qué consistían dichas “acciones”.
30 cuerpos, hasta ahora
Murillo Karam informó que en casa de el Gil se halló la camioneta de redilas presuntamente usada para trasladar a los normalistas. La vivienda, además, se ubica cerca del paraje donde las autoridades han encontrado nueve fosas clandestinas desde que investigan la desaparición.
La PGR indicó que originalmente había encontrado 28 cuerpos en estas fosas. Sin embargo, Murillo Karam aclaró este miércoles que hay otros dos cadáveres, con lo que la cifra llega 30.
En los primeros 28 cuerpos la PGR realizó pruebas de ADN que, según la PGR, determinaron que no corresponden a los normalistas desaparecidos. Sin embargo, el procurador reconoció que expertos argentinos están haciendo sus propios análisis para corroborar el resultado, puesto que persisten dudas sobre el trabajo de la Fiscalía General de Guerrero, la primera dependencia que estuvo en las fosas.
Acerca de los dos nuevos cadáveres, los peritajes apenas se están llevando a cabo. (Fuente: CNN)